Moncasi de Alvear se refiere al contencioso suscitado tras la extracción, por parte de la empresa Odyssey, de más de 17 toneladas de monedas de oro y plata de un pecio, en aguas próximas a Cádiz, que resultó ser el buque español Nuestra Señora de las Mercedes, y que actualmente se dirime en un tribunal de Florida (EEUU).
Los cerca de 1.500 descendientes directos del Almirante al mando de La Mercedes se dividen en dos grandes ramas, a un lado y al otro del Atlántico, y una vez que el presidente Barak Obama se posicionó a favor de los intereses españoles, ha aparecido, comenta a Efe Alvear, “un abogado que directa o indirectamente se ha puesto en contacto con todos los familiares”.
Dicho abogado ofrece a cada descendiente directo el 10% del total del tesoro recogido por el Odyssey, valorado en 395 millones de euros.
“Ha convencido a cinco personas de la rama argentina de la familia” y si bien este abogado nunca se ha identificado, Alvear lo tiene claro. “En el ámbito jurídico cuando alguien defiende la misma postura que una de las partes se dice que defiende a esa parte y, en este caso, él habla por boca de la empresa”.
El problema es que hasta ahora no hay una cifra cerrada sobre el contenido final del tesoro. Por eso se pregunta: “¿Sobre que 10% habla? cuando Odyssey no ha presentado ante el juez la cantidad expoliada y ¿Cómo se valoran las monedas y los restos del yacimiento?”.
“Es un arma de doble filo”, añade José María Moncasi de Alvear. “Hay descendientes que pueden ver su vida salvada con este pago, pero se van a encontrar con papel mojado, pues de ese 10% deberán descontar impuestos, el porcentaje que la empresa debe pagar a sus accionistas...” .
Alvear, que ha estudiado detenidamente el caso y a la empresa cazatesoros, cuenta cómo “Odyssey juega con la información, la va dosificando a su gusto y es poco clara para futuros demandantes, de ahí mi llamada de atención porque no todo es como a los demandantes se lo presenta Odyssey”.
Cuando el juez de Tampa (Florida) recomendó devolver a España el tesoro valorado allí en unos 500 millones de dólares, la empresa Odyssey alegó como factor esencial “la naturaleza comercial de la misión” en que estaba comprometido el barco que transportaba el tesoro de monedas de plata y oro rumbo a Cádiz.
Esa “prueba convincente y clara de la naturaleza comercial” del buque Nuestra Señora de las Mercedes en el momento de su desaparición en 1804, “legalmente anula el principio de inmunidad soberana”, señala el escrito legal presentado por la empresa de cazatesoros.
