El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein, instó hoy al Gobierno de México a fortalecer las corporaciones policíacas y las fiscalías, y retirar a los militares de las calles, para atajar "la ola de violaciones" a los derechos humanos.
Se debe "adoptar un cronograma para el retiro de las fuerzas militares de las funciones de seguridad pública", señaló el alto comisionado en rueda de prensa tras finalizar este miércoles una visita de tres días a México.
Consideró que ello será posible cuando los policías den la "protección legal que el pueblo merece" y señaló que los secretarios de Marina, Vidal Francisco Soberón, y de Defensa, Salvador Cienfuegos, estuvieron "en completo acuerdo" sobre la necesidad de que los militares salieran de las calles.
Desde el inicio del mandato de Felipe Calderón (2006-2012) y en el marco de una intensa lucha contra el crimen organizado, el Ejército mexicano lleva a cabo operaciones contra los cárteles de las drogas en todo el país.
La retirada de los militares fue una de las "medidas claves" que hoy enfatizó el alto comisionado, previo a una serie de recomendaciones que emitirá posteriormente.
Estas incluyen el fortalecimiento "urgente" de las fiscalías del país "para asegurar que las violaciones de derechos humanos sean propiamente investigadas".
Destacó que 98 % de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver, y puso como ejemplo la desaparición de 43 estudiantes en septiembre de 2014 en el sureño estado de Guerrero, que definió como "un microcosmos de los problemas crónicos que subyacen en la implacable ola de violaciones" a derechos humanos en el país.
Según la versión oficial, los jóvenes fueron arrestados por policías corruptos y entregados a miembros del cártel Guerreros Unidos, quienes los asesinaron y quemaron en un basurero.
Sin embargo, un informe presentado en septiembre por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) afirmó que había serias irregularidades en las pesquisas.
Al Hussein instó al Gobierno a "implementar las recomendaciones del GIEI y considerar mecanismos similares de seguimiento para otros casos graves", entre los que citó el municipio de Tlatlaya, en el central estado de México, donde 22 presuntos delincuentes murieron a manos de militares en junio de 2014.
Asimismo, pidió fortalecer "la capacidad de la Policía" y desarrollar "un marco legal sobre el uso de la fuerza".
Sin encontrarse en conflicto, México acumula cifras "impactantes", como 151.233 personas asesinadas entre diciembre de 2006 y agosto pasado, y 26.000 personas no localizadas desde 2007.
Afirmó que parte de la violencia puede atribuirse a "poderosos y despiadados grupos" del crimen organizado, si bien recordó que "muchas desapariciones forzadas, actos de tortura y ejecuciones extrajudiciales" han sido llevadas a cabo por autoridades, a menudo corrompidas por la delincuencia.
En este contexto hizo un llamado "urgente" a la clase política mexicana para "resolver estos profundos problemas", que han llevado a México a recibir recientemente duras críticas por parte de organismos como la CIDH y mermó "la confianza de la ciudadanía" en las instituciones públicas.
El Gobierno que México "necesita y quiere", dijo, será aquel que "reforme radicalmente la Policía, haga funcionar la justicia, aplaste el índice de criminalidad y encarcele a los criminales, regrese el Ejército a los cuarteles, proteja a las personas marginadas y trabaje duro para reducir la violencia contra las mujeres".
Al Hussein definió el país como un "acérrimo defensor" de los derechos humanos a nivel internacional, y destacó los avances en materia constitucional y legal de los últimos años.
Tras reunirse desde el lunes con funcionarios como la fiscal Arely Gómez y el ministro de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, así como con ONG y víctimas de la violencia, el alto comisionado mantuvo hoy un encuentro con el presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Calificó la conversación de "constructiva y franca", en la que transmitió al mandatario el "sentido de urgencia" para la protección de derechos humanos.
Según recoge un comunicado de la Presidencia, Peña Nieto se mostró decidido a "encarar y superar" los desafíos en esta materia, y ambos coincidieron en la necesidad de acelerar cambios institucionales en favor de la justicia cotidiana en México.
A pesar de destacar la "generosidad" del Gobierno mexicano al invitarlo a visitar el país, denunció "la intolerancia" a la crítica pública que ha manifestado contra informes y reacciones internacionales.
Puso como ejemplo "los virulentos ataques personales por parte de algunos políticos" que padeció el relator especial de la ONU sobre Tortura, Juan Méndez, cuando calificó de "generalizada" dicha práctica en México.
Por la noche, las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores emitieron un comunicado en que afirmaron que "el Estado Mexicano reconoce que el país enfrenta retos importantes para lograr la plena vigencia de los derechos humanos en todo el territorio nacional".
"Sin embargo, como destacó el propio alto comisionado, el Gobierno que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto tiene la determinación para hacer frente a estos desafíos", afirmaron.
