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Investigan si Forum desvió los fondos de afectados a Gibraltar

La Audiencia Nacional envió una comisión rogatorio a la autoridad financiera del Peñón

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Cinco años después de la intervención judicial de las sociedades filatélicas Afinsa y Forum, que afectó a cerca de medio millón de ahorradores que les habían confiado cerca de 5.000 millones de euros, la Justicia sigue buscando el paradero del dinero estafado.

Los juzgados centrales de Instrucción 1 y 5 siguen adelante con las causas penales abiertas contra 38 directivos de ambas sociedades por los presuntos delitos de estafa, contra la Hacienda Pública, administración desleal, blanqueo de capitales, insolvencia punible y falsedad documental.

Para tratar de localizar el dinero supuestamente estafado, los jueces Santiago Pedraz y Pablo Ruz, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, han cursado a lo largo de la instrucción numerosas comisiones rogatorias a diferentes países.

De estas, una veintena todavía están pendientes de respuesta, según fuentes de la Audiencia Nacional. Entre las mismas, se encuentra la comisión rogatoria que el alto tribunal envió a Gibraltar, uno de los territorios de ultramar donde se sospecha que pudiera haberse “escondido el dinero”.

Campo de Gibraltar
Cinco años después de la estafa de Forum y Afinsa, los ciudadanos del Campo de Gibraltar siguen a la espera de saber dónde está su dinero. La plataforma de afectados que se creó entonces, y que sigue trabajando por sus intereses, calcula que el número de perjudicados de la comarca ronda las mil personas.

Todos ellos perdieron dinero, a una media de dos o tres millones por persona, aunque oscila entre los que tenían depositados 90 euros en un plan de abono filatélico mensual y los que perdieron cien millones de pesetas.

El paso del tiempo ha hecho que muchas de estas personas hayan sufrido graves consecuencias por el dinero que no se les devolvió, circunstancias que se agravaron con la posterior llegada de la actual crisis económica.
Antonio Javier González, portavoz de la plataforma de afectados, recuerda que “se han dado muchas circunstancias personales bastante dolorosas: el señor que tenía un plan de ahorro para mandar a sus nietos a la Universidad, porque sus padres no tenían muchos recursos, y no ha podido ir; o ente que tenía un dinero y se compraba un coche y una casa, y no se la han podido comprar, o han perdido aún más dinero porque han malvendido al final la casa; o el que lo está pasando mal porque no le llega la pensión; o gente que estaba en un asilo o en una residencia y ha tenido que salir porque la residencia le cobra 900 euros al mes y con su pensión más los intereses que le daba su plazo fijo lo iba pagando”.

La falta de apoyo municipal que han recibido en estos cinco años es otro de los aspectos que la plataforma pone de relieve. “Al principio nos reuníamos con el Ayuntamiento para pedirle un local, y eso sigue durmiendo el sueño de los justos”, afirma Antonio Javier, que considera que la llegada de las elecciones municipales no va a suponer que se escuchen sus demandas: “lo hemos tratado de poner cuando hubo elecciones generales, y tampoco tuvimos una respuesta muy importante”.

Un lustro en el que los cientos de afectados de la comarca han visto como la Justicia no avanzaba en la devolución de su dinero. “Contactos con nuestro abogado tenemos de forma continua. Lo único que sucede es que, como los temas judiciales son procesos tremendamente largos, los antiguos dueños de Afinsa recurren a cada auto de un juez, con lo que se está dilatando todo en el tiempo”, señala Antonio Javier.

“Hemos tenido un problema muy importante, que es que la actividad de la empresa, ¿era mercantil o era financiera? No lo sabemos. Contablemente, los balances estaban quebrados, pero cuando nuestros abogados han reclamado que el problema es del Banco de España, al no cumplir su función supervisora sobre sociedades financieras, ahora la última sentencia dice que no, que era una sociedad mercantil, cuando la habían intervenido como financiera. Entendemos que es el Estado el que no quiera pagar su responsabilidad, señala.

Pese al abandono que sienten, la plataforma sigue existiendo con la esperanza de recuperar el dinero, “y aunque no existiera, nuestros asociados están representados jurídicamente, que era lo que buscábamos”.

La asociación no dispone de grandes fondos y con 20 euros subsiste y hace frente a todas las gestiones de abogados y notarios. “No tenemos un duro. No mandamos comunicaciones a nuestros clientes, porque estamos esperando de gastar el dinero cuando haya algo verdaderamente interesante”, señala el portavoz.

Por eso recuerda que tiene el teléfono 695 450 795 abierto todas las tardes para consultas. “Que llamen para darnos por favor correos electrónicos, para cualquier noticia de prensa o notificación de los abogados, hacérsela llegar de forma gratuita”.

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