El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 3 de Almería ha admitido a trámite un recurso presentado por el sindicato CSIF contra una resolución dictada por el rector de la Universidad de Almería (UAL), Pedro Molina, en la que se aprueba la encomienda de gestión de cuatro servicios a la Fundación Mediterránea; un hecho que el sindicato interpreta como la "privatización" del servicio.
En su decreto, dictado el pasado día 3, el juez requiere a la UAL que remita en un plazo de 20 días el expediente administrativo completo en relación a la resolución del pasado 25 de noviembre, en la que se aprueban las mencionadas encomiendas de gestión. Asimismo, ordena la creación de una pieza separada para estudiar la paralización cautelar de resolución, solicitada también por CSIF.
El sindicato interesa en su recurso la suspensión de la resolución de la UAL en la que se aprueba la encomienda de gestión del centro de lenguas, y los servicios de emprendimiento y empleabilidad, internacionalización, comunicación y marketing, y el soporte virtual a la docencia y a la calidad académica.
CSIF apunta en su recurso que la encomienda de gestión de estos servicios podría suponer una "clara usurpación de funciones o servicios que implican la participación directa o indirecta de funcionarios públicos", por lo que ha solicitado además la suspensión de dicha resolución ante los "perjuicios irreparables" que, según entiende el sindicato, podrían originarse de su aplicación.
El escrito dirigido al juez estima que las funciones administrativas reservadas a los funcionarios públicos como expedir títulos oficiales, concesión de becas o seleccionar a los aspirantes para unas prácticas empresariales, entre otras cuestiones, quedan en manos de una fundación, "cuya naturaleza jurídica es privada".
La organización sindical ha criticado en una nota esta "privatización encubierta" que "atenta contra los derechos de los más de mil empleados públicos de la plantilla de la universidad, además de afectar negativamente a la calidad y eficacia del servicio público que presta". "No entendemos porque desde la dirección de la UAL quieren eliminar determinadas funciones del control público", ha explicado el presidente de CSIF en Almería, Francisco Iglesias.
Iglesias ha añadido que, de darse por válidas estas encomiendas, se generaría una "administración paralela que las utilizaría como agencias de empleo para contratar a personas afines al rectorado de la universidad, que supondrá más gasto y peor servicio", por lo que, a cambio, ha instado a la UAL a convocar una oferta de empleo público.
