Según este sindicato, “las instrucciones dadas desde la Jefatura no se ajustan al Protocolo de Actuación establecido por la Dirección General de Tráfico, incurriendo en graves defectos de confección en los boletines de denuncias”. En este sentido, desde UGT insisten que dichos boletines no son firmados por los operadores del radar como denunciantes, es decir, los “funcionarios observadores directos y testigos fidedignos del presunto hechos infractor”, sino por los notificadores que “ni siquiera han podido presenciar el suceso ni dar fe del mismo”.
Por otro lado, desde el sindicato UGT han acusado al Intendente Mayor de la Policía Local, Juan Carlos Castro, de responder a dicha denuncia “con una forma de actuación dictatorial y caciquil, ya que no sólo ha hecho caso omiso de las directrices correspondiente al órgano que tiene la potestad y competencia para dirigir la coordinación y el modo de proceder en los controles de velocidad en las funciones de coordinación en esta materia con las Policías Locales del territorio español, cuál es la Dirección General de Tráfico, sino que además, y actuando de modo extraño e incomprensible, a lo que se limita es a dictar una orden de dudosa legalidad, en la que al Policía que se le pida que actuando como notificador, no firme, a su vez, los boletines como denunciante, aunque no haya presentido el hecho susceptible de infracción, puede ser objeto de expediente disciplinario”.
Respuesta
Ante tales acusaciones, el máximo responsable de la Policía Local, Juan Carlos Castro, ha indicado para este medio que “hemos consensuado el Protocolo de Actuación con la Dirección General de Tráfico y éste se ajusta al Derecho y es, por tanto, correcto”. En este sentido, Castro ha aclarado que “este sindicato ha solicitado que los operadores de radar firmaran el boletín en blanco para que posteriormente fuera rellenado por el agente que se encargue de parar los vehículos”.
Finalmente, el Intendente Mayor de la Policía Local ha reiterado que “el bien jurídico protegido en este tipo de controles, al igual que en los de alcoholemia y casco protector, es la vida e integridad física de los ciudadanos. Para llegar a esto, merecería el esfuerzo de todos”.
