Los representantes de las cuatro asociaciones judiciales –la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Francisco de Vitoria (AJFV), Jueces para la Democracia (JpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– comparecieron ayer ante la Comisión de Justicia para explicar sus reivindicaciones y las razones que les llevaron a la movilización de la pasada semana.
Todos ellos han defendido su derecho a la huelga a pesar de ser un poder del Estado y han reiterado las peticiones que plasmaron el pasado 12 de enero en el documento conjunto en el que demandan mejoras en la Administración de Justicia.
En este sentido, han dado un voto de confianza al nuevo ministro, Francisco Caamaño, para recuperar el diálogo, aunque han advertido de que si fracasa el proceso negociador se mantendrá la huelga anunciada para el 26 de junio.
El presidente de la APM, Jesús Chamorro, ha destacado que el camino a seguir es el de la negociación dentro del sentido de la responsabilidad institucional, aunque ha advertido que serán “firmes” en la defensa de sus reivindicaciones.
Por ello,explicó que la posibilidad de acudir a una huelga no es un fin en sí mismo, ya que pretenden agotar las vías de diálogo, y recordó a los grupos que compete al Parlamento regular este derecho.
