El segundo Gobierno de coalición de la actual etapa democrática cumple un año en medio de la conmoción por las consecuencias de la dana que azotó parte de Valencia y tras un periodo de crispación política creciente en el que no pudo aprobar nuevos presupuestos y Pedro Sánchez llegó a amagar con su retirada.
Cuatro meses le costó desde las elecciones generales del 23 de julio lograr la mayoría necesaria (esta vez consiguió la absoluta) para superar la prueba de su investidura, prometer su cargo el 17 de noviembre y, tres días después, comunicar los integrantes de su nuevo Ejecutivo.
Si en la pasada legislatura el PSOE gobernó en coalición con Podemos, en esta ocasión fue Sumar el socio de los socialistas para iniciar un periodo en el que, a pesar de los roces que ha habido entre ambos partidos, en Moncloa se subraya que se ha trabajado codo con codo y, ante las diferencias, no ha existido el "ruido" del que llegó a quejarse públicamente el presidente del Gobierno cuando el aliado era el partido morado.
Un punto de inflexión de estos doce meses llegó en abril, cuando Sánchez comunicó que se tomaba unos días para reflexionar si le merecía la pena seguir o no en el cargo después de que el juez Juan Carlos Peinado abriera diligencias de investigación a su esposa, Begoña Gómez, por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios tras una denuncia de Manos Limpias.
Contra la "máquina del fango"
Un asunto que aún sigue ocupando portadas pese al convencimiento de Sánchez de que quedará en nada y ante el que, tras cinco días meditando, dijo que escribía un punto y aparte y comunicó que seguiría al frente del Ejecutivo "con más fuerza si cabe", intentando plantar cara a lo que considera una "máquina del fango" alimentada por bulos y desinformación por parte de la ultraderecha y de la que hace cómplice al Partido Popular.
Su respuesta fue el impulso de un Plan de Calidad Democrática al que aún le falta recorrido en los próximos meses.
Las acusaciones a su mujer, la evolución del 'caso Koldo' que ha llevado al Tribunal Supremo a abrir una causa penal contra el exministro y ex secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, el episodio de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez en Barajas, o el hecho de que no haya sido posible que en 2024 hubiera nuevas cuentas del Estado, han sido argumentos esgrimidos por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para pedir la dimisión del jefe del Ejecutivo.
Pero desde que decidió continuar tras el paréntesis de esos cinco días de abril, todos los mensajes de Sánchez se dirigen a que el PP pierda la esperanza, que agotará la legislatura y que está dispuesto a ser el candidato socialista para la siguiente.
Unas aseveraciones que hace desde la evidencia de que el Partido Popular no tiene apoyos suficientes para que prospere una moción de censura pese a los "coqueteos" que el Gobierno ve que intenta con PNV y Junts.
Ataques a la Justicia
La formación de Carles Puigdemont (quien protagonizó el episodio de pisar de nuevo Barcelona y evitar su detención con una huida pocas horas después) ha dado muchos quebraderos de cabeza al Gobierno, pese a que salió adelante la amnistía exigida por el expresident y de la que él no ha podido aún beneficiarse por la actuación judicial.
Sus siete diputados son claves para sacar adelante iniciativas y han impedido ya que algunas prosperaran. Además, la relación de Junts con el Gobierno se enrevesó después de que Salvador Illa fuera elegido presidente de la Generalitat tras un acuerdo con ERC que abrió otro frente, el de la financiación autonómica.
Asunto que propició un nuevo choque frontal con el PP, cuyos barones (también algunos socialistas como el castellano-manchego, Emiliano García Page) se niegan a que haya acuerdos individuales con las comunidades para esa financiación y que motivó un enfrentamiento más con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que dio plantón a Sánchez en la ronda de reuniones con los líderes autonómicos para abordar esta cuestión.
Ayuso adoptó esta decisión en medio del procedimiento abierto a su pareja, Alberto González Amador, por presunto fraude fiscal y de la defensa cerrada del presidente del Gobierno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras ser éste imputado por el Tribunal Supremo por un delito de revelación de secretos ante la difusión de información sobre ese caso.
La Justicia ha estado por tanto en muchas ocasiones en el punto de mira del debate bronco, cargado de reproches y hasta insultos que ha marcado este primer año del Gobierno de coalición y que sólo tuvo dos momentos relevantes para el acuerdo: la renovación del Consejo General del Poder Judicial, y la reforma del artículo 49 de la Constitución relativo a las personas con alguna discapacidad.
La sucesión de elecciones (primero en Galicia, después en el País Vasco, más tarde en Cataluña y finamente las europeas) no facilitaron que se rebajara la tensión, pero una vez superadas todas ellas, incluso ha aumentado sin visos de que pueda rebajarse a corto plazo.
Esas citas electorales han supuesto duros reveses para Sumar, hasta el punto de que su líder, Yolanda Díaz, dimitió de esa responsabilidad aunque siguió como vicepresidenta segunda.
A Sánchez le preocupa la debilidad creciente de sus aliados, que están a la espera de su Asamblea constituyente después de que la aplazaran de diciembre a marzo tras la dimisión de Íñigo Errejón como su portavoz en el Congreso ante las acusaciones contra él de violencia machista.
Ha habido también hasta choques institucionales entre Congreso y Senado, y la política exterior tampoco ha estado exenta de crisis diplomáticas y polémicas como las que ha habido con Israel, Argentina o México.
Ingredientes todos ellos para un áspero primer año del actual Gobierno que ha sufrido el duro golpe de la dana que afectó principalmente a la Comunidad Valenciana y que augura meses de reproches en busca de responsabilidades del presidente autonómico, Carlos Mazón, o del Ejecutivo central.
