"La sociedad en la que interactuamos es, meramente, un organismo podrido que se conserva gracias al hielo de la hipocresía". Ismael Leandry.
Hace no mucho en un país muy muy cercano existía un reino donde contratar a dedo consistía en un sencillo gesto de quien disfrutaba el poder relativo a levantar la mirada, posarla en el agraciado y espetar, recio, "tú, adentro". Un país donde enchufar no era, en su primera acepción, dotar de corriente eléctrica a un aparato sino colocar a un amigacho y eso se daba en una administración pública regida por políticos sin presión fiscalizadora bajo una sociedad que admitía como lógico que todo el que tuviera oportunidad de colocar a familiar o colega debía hacerlo. Barra libre. El desmadre laboral fue en todos los niveles de las administraciones, pero en las corporaciones locales, por aquello de la cercanía con el desempleo, revistió mayor dimensión y, así, el capítulo uno referente al gasto de personal se disparó, las plantillas se llenaron de laborales con prórrogas de sus contratos sin solución de continuidad, escaseando el funcionario que entraba por oposición y las deudas de muchos ayuntamientos se dispararon.
Llegaron los primeros casos judiciales de corrupción a la vez que el control europeo sobre el déficit público y, entonces, con planes de ajustes, normas y controles severos, se cortó el grifo. A las administraciones no les quedó más que cumplir con la Constitución y la Ley para aumentar el empleo público acudiendo a convocatorias garantes de igualdad y basadas en algo que nunca se debió perder como es acceder por mérito y capacidad. Se acabó el enchufe. Incluso convocatorias públicas como las express efectuada por la Junta el año pasado en la que el único mérito era estar pendiente de la web y ser de los primeros en mandar la solicitud de trabajo cuando sorpresivamente abrían el plazo han sido anuladas por los tribunales porque el mérito y capacidad no es ser el más veloz en mandar la instancia.
Pese al alto número de empleados públicos, este aparato es burocrático y se presume independiente y cuando un gobierno toma posesión, sea en un cabildo local, en una diputación o en una administración autonómica o nacional, necesita de un equipo de personas de confianza donde reposar la gestión del día a día desde la óptica política y para cubrir esta necesidad la Ley creó la figura del personal eventual -coloquialmente conocido como asesor-. Una figura que todos los partidos, sin excepción, usan, conocen y es de lo primero que nada más llegar a un gobierno pactan en números finales y para conseguir el beneplácito de toda la oposición se reparten asesores entre todos los grupos políticos. Esto es así desde que tenemos democracia, no se conoce gobierno que no cuente con asesores y que no haya repartido entre los grupos de la oposición. Unos más que menos, pero todos. Algo que, siendo razonable y sobre todo legal, se saca a la luz pública cuando se quiere atacar a un gobernante porque la cuestión asesores se encuentra dentro de los temas que fácilmente demoniza la sociedad. La hipocresía y doble moral en esto de la política no conoce límites. Si un asesor hace o no su trabajo, bien, mal o regular, poco o mucho es cosa de quien le pone, porque a veces asesorar en una decisión vale su precio en oro y como ejemplo valga el asesoramiento que le hace Miguel Ángel Rodríguez a Ayuso con frases que valen los casi sesenta escaños que tiene según sondeos, más del cuarenta por ciento de intención directa de voto: "España me debe una...", "Comunismo o libertad". Buenos asesores.
El Estatuto Básico del Empleado Público permite este tipo de personal en todas las administraciones públicas, diciendo que con carácter no permanente sólo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial y que su cese tendrá lugar, en todo caso, cuando se produzca el de la autoridad que lo nombró. Su regulación y número máximo será lo que dispongan las Leyes de las distintas administraciones. En el caso de diputaciones provinciales y ayuntamientos, lo regula los artículos 104 y 104.bis de la Ley de Bases de Régimen Local que establece "que el número, características y retribuciones del personal eventual será determinado por el pleno de cada corporación al comienzo del mandato y cuya determinación solo podrá modificarse con motivo de la aprobación de los presupuestos anuales", añadiendo un número máximo de posibles asesores según tramos de población del municipio y para la administración provincial le aplica el tope máximo que tenga el municipio de mayor población de la provincia. Por ejemplo, en la provincia de Cádiz, Jerez es el municipio más poblado y según la tabla puede tener hasta 27 asesores -igual número que de concejales-, por tanto la diputación este es el número máximo que la Ley le habilita tener.
Otra cosa es las retribuciones que se fijen y el gasto que supongan. Todo esto quizás sea uno de los asuntos del sistema político que más hipocresía reúne porque a nadie le gusta hacerse la foto pactando el reparto de asesores, cuántos les toca y sus retribuciones. En algunos casos incluso después de haberlo hecho acuerdan que como oposición se abstendrán sabiendo que de igual modo se aprobará y tendrán los suyos. Lo que es el colmo es que después lo critiquen: lo pacto, me abstengo, disfruto casi en secreto de los míos y cuando me venga bien critico los que tiene quien me los ha dado. Es así.
En las diputaciones pasa lo mismo, a veces incluso es más retorcido porque hay que satisfacer muchas inquietudes como es el caso de la de Cádiz, donde el acuerdo del personal eventual se adoptó el 5 julio de 2019, punto 7, por mayoría, votando a favor PSOE, PP, La Línea 100x100, IU, AxSí y Cs, se abstuvieron los 4 diputados de Adelante, información que es pública en el BOP. De los 27 que la Ley le permite, el número de asesores del gobierno de Irene García quedó fijado en 20, de los cuales una parte son para la sección sanchista representada por el alcalde de Chiclana, José María Román, que en la última negociación vía Ferraz acordó tanto que él fuese vicepresidente como que contara con sus propios asesores, de hecho la última incorporación suya fue la concejala de Chiclana Virginia Forero; otros están adscritos al Área de Cooperación y Asistencia a Municipios del diputado Javier Pizarro y, también, al Servicio Económico, de Hacienda y Recaudación al frente del cual está el alcalde de San Roque Juan Carlos Ruix Boix.
Rafael Román (1995-2003) tuvo 8 cargos de confianza, Paco Cabaña (2003-2011) se reservó 16, mientras que Pepe Loaiza (2011-2015) se los bajó a 13 pero polemizó al final de su mandato al abrirle hueco a Rafael Ruiz Cantos y al ex alcalde de El Puerto Enrique Moresco. Según portales de transparencia, dentro de la provincia de Cádiz tenemos en el puesto número uno del ranking al Ayuntamiento de Algeciras (PP) con 23 asesores tras el último incremento a merced de los nuevos presupuestos hecho por Landaluce. Por su parte, la Diputación de Huelva (PSOE) con una provincia de menos de la mitad de habitantes que Cádiz, tiene el máximo legal de 27 asesores, con una retribución de 35.000 euros cada uno; Granada (PSOE) 27 con entre 32.233 y 55.235 euros; Sevilla (PSOE) 36, entre 29.246 y 66.099; Almería (PP) 12, entre 50.578 y 62.943; Córdoba (PSOE) 10, entre 44.318 y 51.800 y Málaga (PP) 30, entre 43.299 y 65.002 pese a que los redujo a la mitad tras el acuerdo con Cs en 2015 con polémica añadida por la recolocación de cargos públicos en 2018. El actual gobierno de España regido por PSOE y U Podemos -con Pablo Iglesias, el de la casta, en ello- gasta 55,8 millones de euros en personal eventual, 777 asesores que cuestan un 38 por ciento más que en la anterior etapa y que es el presupuesto más alto en la materia en la historia de la democracia; ES un asunto resbaladizo para todo político que se quiera meter y, en cualquier caso, una cuestión que no debe plantearse desde el discurso populista y fácil. El tema es otro, si la Ley permite la figura con los requisitos y topes que establece y se cumple con ello, no hay escándalo alguno. El debate, en su caso, sería si consideramos que se ha de eliminar de la Ley esta figura, sus pros y sus contras. Debate al que a ningún partido político interesa entrar.
Preguntar como hizo un diario en crisis a Pedro Pacheco sobre si la fiscalía debe tomar cartas en el asunto por los asesores actuales de la Diputación de Cádiz es, por tanto, de una ignorancia importante, al nivel solo de responder que sí. Parece como si existiese empeño en aumentar la carga de trabajo de los fiscales llenándoles la mesa de denuncias con destino al archivo; por matizar, el ex alcalde de Jerez no fue condenado por la contratación de dos asesores, sólo hay que leer la sentencia para entender que la infructífera defensa de Pacheco esgrimió que eran asesores, pero como la realidad era que fueron contratos de asesoramiento efectuados por una sociedad municipal y no pudieron acreditar ni un trabajo para la misma, siendo, además afiliados de su partido, el juzgado concluyó la existencia de delito. Si esos dos compañeros de partido hubieran sido asesores del ayuntamiento, nombrados dentro del cupo legal de personal eventual, Pacheco no hubiera sido condenado porque los asesores no tienen que demostrar trabajo alguno, lo que se asesora al político no se plasma por escrito, ni es confesable, solo el asesorado sabe cuánto y sobre qué le asesora. ¿Lógico no? Distinto es si una entidad pública contrata un asesoramiento, el cual ha de existir de forma material para que la factura se pueda pagar y en el caso del ex alcalde de Jerez esto no se acreditó. Este y no otro fue el meollo del juicio de Pacheco. No confundamos.
Por otra parte, sorprende que Don Pedro se lance con el asunto de los asesores gaditanos cuando el ayuntamiento de Jerez durante su mandato se llenó de personal laboral contratado a dedo, enchufados a solicitud de todo tipo de colectivos de la sociedad jerezana, vecinales, hermandades, profesionales, peñas, partidos políticos de la oposición, sindicatos, industria bodeguera y demás grupos sociales, como es bien sabido por todos. Es malo perder la memoria.
Entre tanta hipocresía, oportunamente el TSJ vino a tumbar una demanda del PP de Jerez presentada en su deriva de judicializar la gestión municipal denunciando al segundo asesor dado a Ciudadanos y Adelante, planteando discriminación política con lesión de derechos fundamentales al contar el PP con un asesor y pretender tener dos. El TSJ ha dictaminado que el gobierno de Sánchez actuó correctamente, sin existir lesión de derecho fundamental. La historia es digna de recordar hemeroteca en mano porque abunda en la importancia inconfesable que tienen los asesores para todos los partidos políticos. El PP jerezano ganó en primera instancia y, sin esperar a que saliese la sentencia del TSJ, obligó al gobierno de Sánchez a cesar al segundo asesor de Cs y Adelante -en concreto una asesora de IU-, lo cual provocó la fisura del pacto de gobierno de esta última formación que, en lugar de arremeter contra el causante, lo pagó con el PSOE, llegando en el pleno a votar en contra de varias inversiones bajo excusas sin sentido, pretendiendo disimular con enorme hipocresía política que la pérdida de un asesor bien les valía paralizar proyectos al gobierno municipal.
Un asesor, por tanto y en definitiva, puede ser un simple enchufe político, la manera de pagar un acuerdo, también la de meter gente sin más para amasar estructura como a quien gusta rodearse de palmeros que le rían gracias y, cómo no, la de rodearse de personal de confianza cualificado para la mejora en la toma de decisiones de la gestión administrativa y política. Todas ellas según Ley y aprobadas por los plenos de organización. Otra cosa es que elijan al asesor adecuado. El que lo tiene bueno sabe lo que tiene, avanza seguro y firme.
