El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha vuelto a denunciar el cierre y desmantelamiento por parte de la Junta de Andalucía del Centro de Internamiento de Menores Infractors (CIMI) San Francisco de Asís-La Biznaga de Torremolinos a partir del 1 de abril, "dejando la provincia de Málaga sin plazas cuando somos la provincia con mayor número de menores infractores".
"Este cierre supone que desaparecen estas plazas y que los menores que tengan que cumplir estas medidas no las podrán cumplir en Málaga", ha señalado el socialista, quien ha estado acompañado por la vicesecretaria general del PSOE malagueño, Antonia García, y por el representante del comité de empresa del CIMI, Florencio Rojo.
Este centro cuenta con 15 plazas de internamiento y otras 15 de grupos de convivencia, sin embargo, "el año pasado se cerró el centro de día en la capital que estaba gestionado por los mismos trabajadores". Por ello, ha incidido en que este cierre "supone un plan premeditado del gobierno de PP y Cs en la Junta para desmantelar servicios públicos y proceder a su privatización y, mientras tanto, ocasionan un grave perjuicio a las familias, a los menores y a los propios trabajadores".
Por tanto, han reiterado a la Junta de Andalucía que mantenga operativa "este centro público para la gestión directa de las medidas en materia de justicia juvenil y que siga estando en la provincia". "Hemos presentado varias iniciativas en el Parlamento para exigir al Gobierno andaluz que dé marcha atrás y que siga manteniendo las plazas públicas para menores infractores en Málaga cuando ya había un plan para aumentar el número de plazas de internamiento hasta alcanzar las 80-90", ha concluido.
Antonia García, de nuevo, ha lamentado este "desmantelamiento y privatización que el gobierno de las derechas está llevando a cabo con los servicios públicos". "Conscientes de la gravedad de esta situación, presentamos una iniciativa en el pleno de la Diputación del pasado miércoles donde PP y Cs se reafirmaron en que este cierre era inminente dentro de una reestructuración en la que quedó claro que la provincia está infradotada de plazas pero, sorprendentemente, Málaga se queda sin prestar este servicio", ha advertido.
"PP y Cs le dan la espalda a esta población vulnerable que serán trasladados a otros lugares y alejándose de sus familias y de sus domicilios, algo que no se ha tenido en cuenta mientras los trabajadores siguen teniendo incertidumbre sobre su futuro laboral", ha enfatizado.
Por su parte, Florencio Rojo ha denunciado "la falta de transparencia y de empatía del director General de Justicia Juvenil de la Junta y de la secretaria provincial de Justicia" al respecto, incidiendo en que llevan "más de un año" pidiendo una reunión "que se nos ha negado hasta el 12 de febrero para decirnos que el centro se cerraba, sin más explicaciones".
"Denunciamos la falta de rigor en los informes presentados con inexactitudes flagrantes y la intención de desplazar a 26 educadores fuera de la provincia de Málaga, algo que va en contra de la conciliación laboral y familiar de un colectivo que lleva más de 20 años trabajando con estos menores", ha concluido.
