"Gobernar dentro de un régimen democrático sería mucho más fácil si no hubiera que ganar constantemente elecciones". Georges B Clemenceau
Como primera idea básica de este caluroso y levántico mediados de julio resalta la necesidad imperiosa de que todos aprendamos a convivir con el Covid, con el uso de mascarillas siempre, respetando las distancias de seguridad, pero hacerlo sin que cese la actividad ni el consumo porque si el temor nos paraliza nos moriremos del virus o de hambre, una de dos. Es ahora tan importante protegerse del contagio y ser cautelosos con los rebrotes como salir, producir, consumir, hacer que la vida no se detenga, lograr que este hecho insólito que nos marcará de por vida no mute en algo mucho más peligroso y es en provocar una parálisis general tan perniciosa para nuestro modelo de vida como la enfermedad que acarrea la pandemia. Normalizar la crisis. E ir al chiringuito con mascarilla, buscar un hueco libre, quitárnosla y saborear unas sardinas de la zona bien braseadas con un sorbo de fino de Jerez o manzanilla de Sanlúcar fría para darnos cuenta de que la vida merece la pena vivirla y pasarla con el mejor sabor de boca posible. Consumiendo. Por avanzar, y hablando de chiringuitos, los hay de todo tipo y estructura; a todos, además, les une la idea final de propiciar una buena caja.
En toda democracia el poder se consigue gracias a los votos y estos son fruto de la decisión del elector al elegir papeleta y ubicarla en la rendija de la urna, una decisión que nace desde varias procedencias: la voluntad política del grupo de afiliados de un partido que van a votarlo haga lo que éste haga -mientras no le perjudique en lo personal, claro-, la voluntad democrática en estado puro, la teórica, la que debería ser y nunca es, aquella que se deriva de la ideología y la opinión política formada previo conocimiento de la información real -sin engaños y manipulaciones- sobre la gestión de quien gobierna y sobre las promesas de los que pretenden gobernar. En definitiva, una quimera democrática que por irrealizable muta en un gran grupo de votantes que eligen a quién votar con una opinión manipulada sin tan siquiera tener conocimiento de ello.
El cuarto grupo es el de los votos cautivos, votos comprados porque el ser humano es por naturaleza pragmático y sus intereses personales están por encima de los colectivos; esos que lo mismo pueden votar a un partido que a otro en función de con quién obtengan mayor beneficio directo, bien sea económico o de cualquier tipo. Y cuando se habla de comprar votos también hay que considerar los llamados orgánicos, los de los propios afiliados que quitan y ponen a secretarios generales o, lo que es más común, deciden en buena medida quiénes encabezan las listas. Esta variedad de tipos de votantes requiere una estrategia política que quienes mejor la conocen son los que se posicionan.
Ostentar el poder, dirigir la gestión pública y manejar los presupuestos públicos ayuda en este sentido y mucho. Repartir subvenciones y dar trabajo son dos vías claras para conseguir adeptos. Si nos remontamos a las dos primeras décadas democráticas, los gobernantes de todos los niveles de administraciones públicas vieron como no podían llevar a cabo estrategias de compra de votos con la facilidad que necesitaban porque las leyes ponían coto. Pero siempre ante un problema se consigue una solución y apareció lo que se conoce como la huída del derecho administrativo o, lo que es lo mismo, la creación de unas sociedades públicas que en aquellas fechas sólo estaban sometidas a las normas privadas, actuaban como si fueran cualquier empresa privada y, por tanto, podían contratar a dedo empleados y empresas sin incumplir la Ley. Por su parte, el reparto de subvenciones desde la misma administración tampoco estaba regulado con demasiada dureza. Se daba el caso que se creaban entidades de forma express para poder recibir subvenciones, en demasiados casos con una utilización de los fondos públicos recibidos para disfrute de sus socios en viajes, comilonas y demás contubernios. Es comprensible la gratitud eterna al gobernante que le conseguía trabajo, vía administración o vía sociedad pública, o le facilitaba que se pudiese ir a Benidorm a gastos pagados gracias a una subvención. Y, en este sentido, como era una forma de operar generalizada, sin distinción de partidos políticos, regía la ley del silencio, nadie denunciaba nada porque no es buena idea escupirle al cielo.
Las Leyes fueron cambiando, cada vez limitando más la posibilidad de gestionar lo público sin control. Por un lado, la Comisión Europea empezó a amonestar a España por la gestión de las sociedades públicas, obligando a que las normas aplicables a las administraciones también lo fuesen a sus sociedades bajo la lógica de que "un euro público tiene que tener el mismo control, sea cual sea la entidad que lo administre”. De este modo se combatió, aunque no se erradicó, el chiringuito de las sociedades públicas. Cuando empezaron a aparecer en acción partidos políticos que nunca habían gobernado y, por tanto, no tenían que temer levantadas de alfombra, comenzó la escalada de denuncias y querellas, judicializando la vida pública como vehículo para derribar a gobernantes y rivales políticos, estrategia a la que se sumó la sempiterna lucha por el poder PSOE-PP y las venganzas políticas. La escalada de noticias de casos de corrupción política produjeron la alarma social y provocaron el endurecimiento de las leyes que rigen la gestión pública, así como normas férreas de control y fiscalización de los interventores. Todo se volvió más complicado. Hasta ese momento los interventores eran más permisivos con el capricho de los políticos, pero desde entonces, como se dice en el argot, la intervención radiografía hasta la primera papilla que engulle cada expediente y avanzar en un procedimiento con un informe en contra de intervención es, como poco, insensato y muy arriesgado. Además, antes no se requerían informes jurídicos que avalasen la legalidad de lo que se iba a aprobar y ahora hace falta mínimo un informe para todo. Y para rematar, aparece la sombra alargada de los jueces y de los fiscales -porque denunciar a Fiscalía es gratis- y por ahora el poder judicial no pone freno a esta judicialización como arma política. Por tanto, manejar con soltura los hilos del capital público para hacer política es tarea que requiere sortear la siempre incómoda fiscalización del interventor y de los jurídicos para todo aquél político que aún cree estar en el derecho de hacer lo que le plazca. Pero como "la política es el arte de impedir que la gente se meta en lo que sí le importa”, como decía aquél escritor alemán y además, según Maquiavelo, también lo es de "hacer posible lo imposible”, se inventan maneras de sortear a los, digamos, seres odiosos de asuntos internos. Y, por añadidura, a los sistemas de control.
La imaginación se presenta como un elemento esencial. Sistemas imaginativos son, por ejemplo, el modelo subvención directa a asociaciones, federaciones, unión de asociaciones, unión de profesionales o federaciones provinciales por importes globales que superan los cientos de miles de euros bajo títulos tan sorprendentes como este: “Ayudas para el incremento de capital relacional del sistema de colaboración con los agentes sociales para el crecimiento sostenible, bienestar social, trabajo decente y desarrollo económico inclusivo”... Ahí es nada -a quien se le ocurrió este epígrafe se quedaría como quien se comió un pollo entero, satisfecho-. Bonito título para repartir 326.260 euros sin que quede claro para qué, sí a quién, a saber con qué objeto. Reparto digital bajo un supuesto interés público que nadie sabe cómo se materializa y, desde luego, en cuya posterior justificación cabrá de todo. Otra vía puede ser la de la subvención a una entidad a la cual se le concede más dinero del que razonablemente le correspondería y, casualidad, a continuación la entidad contrata a alguien ligado de una u otra forma al gobernante o a alguien que interesa tener agradecido y a mano. Con imaginación, también se pueden repartir subvenciones a entidades públicas cuyos gobernantes interesa que apoyen al donante en lo orgánico de su partido llegado el momento. Del mismo modo, se pueden usar los efectos sociales del Covid-19 porque se comprende que ha provocado muchas necesidades y parece que esto justifica todo para repartir ayudas a familias que políticamente interesen, o el día de la madre repartir ramos de flores a las señoras del pueblo financiadas con una subvención de otra administración amiga, o hacer contrataciones masivas porque el virus obliga vigilar las playas sin convocatoria pública ni criterios de mérito y capacidad, tal y como exige la Ley y hacerlo sólo mediante un anuncio en la web que da un plazo de 24 horas para contratar a los 200 primeros que hayan mandado su solicitud -cómo adivinar qué día se iba a publicar el anuncio para raudos presentar la solicitud…-. En definitiva, soluciones imaginativas para seguir usando el poder público para conseguir agradecidos, sean electorales u orgánicos.
El camino de la subvención es desconocido y muy peligroso porque es legal, está muy poco fiscalizado, se justifica fácil y nadie se mete mucho en eso, pero con él se montan y financian estructuras sindicales, cómo no chiringuitos para confederaciones de empresarios, federaciones y asociaciones varias que sirven, entre otras cosas, para darle solidez a quien ostenta el poder político y de él la libre designación del reparto de dinero público. Y quien reparte crea afines porque no hay nada que cautive mejor para defender causas que la nómina de fin de mes.
