"En España lo mejor es el pueblo. Siempre ha sido lo mismo. En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su sangre y la salva".
Antonio Machado.
La actividad frenética que han tenido los ayuntamientos durante la fase de confinamiento ante las muchas necesidades del ciudadano y para mantener activos los servicios esenciales es algo no reconocido en su justa medida porque aquí todo parece que lo hace el gobierno de la nación, lo malo y lo bueno según para quién, y después las comunidades autónomas con buena parte de las competencias transferidas -que han seguido manteniendo durante el estado de alarma-. Pero los ayuntamientos son los que están más cerca del problema y es ahora cuando entran en una fase crucial con la denominada des-es-ca-la-da -palabra de moda que puso Sánchez y que representa un retraimiento del vocablo inglés to escalate y que, dicho sea de paso, la RAE no recomienda porque el castellano contempla otras tan nuestras y claras como: reducir, disminuir o rebajar-, que está llevando al pequeño y mediano tejido industrial de las ciudades a abrir sus puertas. Poco a poco, con evidente temor al principio, con muchas dudas generadas por las propias dudas del gobierno y su baile en la toma de decisiones, con miedo también, pero con la necesidad de volver a producir ingresos y de recuperar la confianza en una clientela perdida y temerosa que debe romper la barrera del miedo e ir a cortarse el pelo, a meterse en un probador que en breve anunciará rebajas, a tomar una caña en terrazas vigilando la distancia social. El miedo a consumir se contradice con la necesidad de consumir porque llevamos meses comprando comida, levadura para decenas de bizcochos o pan, papel higiénico, tenemos las neveras y congeladores a rebosar, pero ha llegado el buen tiempo y las calles se han llenado de gente que, a la vista está, no ha hecho deporte en su vida porque trotan desesperados pero embutidos -y embutidas- en mallas y necesita, y no precisamente por este orden, tomar el aire y recuperar la talla. El verano está aquí, la playa supuestamente abre -ya veremos cómo-, la operación bikini va con evidente retraso y la vida, en definitiva, golpea la puerta del confinamiento y de este estado de alarma prolongado que a algunos ha generado el ya conocido como síndrome de la cabaña -a todo se pone nombre-.
Por tanto, los ayuntamientos deben acompañar esta reducción, disminución o rebaja en castellano. Y deben hacerlo lidiando con todos, con el dueño de bar que necesitará más metros de terraza para que le salgan las cuentas, con la asociación de vecinos que se quejará de que con más mesas en la calle aumentará el ruido, con quienes no respeten ese límite de aforo o no ofrezcan las medidas de seguridad exigidas, con los empresarios y colectivos que piden bajadas de impuestos municipales sin pensar que los servicios que prestan los ayuntamientos cuestan dinero, con activar mensajes de confianza tanto al emprendedor como al consumidor, con buscar rentabilidad incentivando el turismo y el consumo de cercanía. Y todo ello agravado por el hacer de ciertos políticos en la oposición que manejan bien el juego populista y azuzan al pueblo para que exija al ayuntamiento imposibles; peticiones que meditadas con un mínimo de sensatez son inviables.
No se les puede pedir a los ayuntamientos que aumenten los servicios, que repartan ayudas a cada persona que tiene problemas y que a la vez bajen los impuestos porque las matemáticas no fallan y si se piden más gastos no es posible hacerlo con menos ingresos. Esto no es serio. Como tampoco se les puede hacer responsables de solucionar la situación económica de la crisis o que reduzcan el paro de la ciudad porque los ayuntamientos no tienen competencias para adoptar medidas que lo solucionen. En definitiva, las corporaciones locales, que no tienen competencias para solucionar los problemas urgentes de los ciudadanos, se comen el marrón en primera línea, también resultan un elemento clave para facilitar ese retorno a la nueva normalidad: otras dos palabras antagónicas entre sí porque la normalidad es vieja, si es nueva es otra cosa diferente pero desde luego en absoluto normal. Tanto la manera de gestionar esta crisis sanitaria como de expresarla gramaticalmente no pasará a la historia por su brillantez o eficacia.
Con este amasijo de posibilidades los expertos del populismo no tardan en hacerse notar porque saben que el dolor y la miseria de la gente es el analgésico idóneo para introducirse dentro del cuerpo del electorado cual antídoto salvador. De hecho ya encontramos a políticos repartiendo productos del mercado de abastos o flores el día de la madre extralimitando claramente sus competencias porque una formación política no está para eso, menos para mercadear con la miseria y llevar el pan en una bolsa con el anagrama de su partido y, de paso, saltarse la propia Ley que le pide a todos quedarse en casa salvo a aquellos que por su profesión deben acometer una labor esencial. Una cosa es ayudar -y cuando uno lo hace no debería darse tanta publicidad porque desenfoca y la imagen traspasa turbia-, otra distinta es aprovechar la oportunidad de hacerse propaganda barata y me pregunto qué sucedería si cada partido se dedicara a reponer, repartir, hacer timbas benéficas o cualquier otra memez que a su intrépido líder se le ocurriera.
También hay otro tipo de política que se aprovecha de este terreno abonado en el que nos encontramos los ciudadanos y es la de algunos gobernantes que utilizan la institución para repartir ayudas con criterios políticos, buscando la rentabilidad futura traducida en votos. O la de administraciones autonómicas y diputaciones que sin motivación clara centran sus ayudas a pueblos pequeños o ELAs, cuyos habitantes reciben ayudas a las que no tienen opción habitantes de municipios más grandes. No se alcanza a entender por qué en esta crisis sanitaria y económica los habitantes de las ELAs de Jerez reciben mascarillas gratis cada uno por una subvención de la Diputación de Cádiz y, en cambio, los del núcleo urbano de Jerez -o de otra ciudad mediana o grande- no. O pueblecitos que gracias a las subvenciones que reciben pueden permitirse el lujo de poner arcos de desinfección a las entradas y salidas del pueblo y en cambio los pueblos medianos y grandes no. Lo cierto es que los grandes olvidados del gobierno central, de las comunidades autónomas y de las diputaciones son los ayuntamientos medianos y grandes, que son los que tienen más servicios que prestar, más problemas económicos y más ayudas que dar por los miles de habitantes a los que prestan servicio. Dicho esto sin menoscabar las necesidades que, en general, todos tienen.
Una vez más el reparto competencial entre los cuatro niveles de administraciones públicas se presenta ineficaz ante situaciones como la actual porque obedece a intereses de las formaciones políticas, que cuentan con más sillones para ocupar y que además pueden manejar flujo de dinero público frente a unos ciudadanos que no logran enterarse sobre qué tiene competencia cada una y de qué es responsable. Si la organización territorial de la gestión pública fuese decidida por técnicos cualificados, por un comité de expertos al estilo del que hoy diseña cada fase, es muy probable que terminaran eliminando las comunidades autónomas y las diputaciones provinciales porque sobre todo lo que aportan es coste económico, duplicidades y un gasto público politizado; desmontar el sistema de gestión pública por fases -también de 0 a 3- hasta que quedara un gobierno central para los temas nacionales y de interés general, que eliminara las desigualdades interterritoriales y las discriminaciones entre territorios, y unos ayuntamientos fuertes y sólidos con más competencias y una adecuada financiación para cubrir las necesidades del ciudadano de manera que quedase siempre claro a quién exigir responsabilidad y no como ahora que andamos como patos mareados adivinando de quién es culpa esto o aquello. Una quimera absoluta porque ningún partido político alimenta este debate, ni participaría en los cambios del sistema político que requeriría sencillamente porque no interesa. Por mucho que la pandemia haya dejado al descubierto el fracaso del reparto competencial de lo público en nuestro país.
