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Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos busca prevenir el acoso laboral

La iniciativa, aprobada en Junta de Gobierno Local, define el marco de actuación para evitar estas acciones entre empleados municipales de Torremolinos

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  • Ayuntamiento Torremolinos. -
  • Tanto el denunciante como la persona denunciada podrán cambiar de puesto, si así lo solicitan

El Ayuntamiento de Torremolinos marca el camino para evitar el acoso laboral entre sus trabajadores. La Junta de Gobierno Local ha aprobado por unanimidad un protocolo para estos casos.

Así, el objetivo principal es  determinar las actuaciones que sean necesarias para la investigación, persecución y sanción de las conductas de acoso en caso de que se produzca y facilitar a los trabajadores públicos el procedimiento adecuado para presentar quejas.

Este protocolo define el marco de actuación en relación a los casos de acoso psicológico o moral, sexual y por razón de sexo y discriminatorio.

Para este fin, se creará una comisión formada por dos funcionarios de la delegación de Recursos Humanos, la secretaria del Ayuntamiento o funcionario de la misma en quien delegue, así como un delegado de Prevención. La comisión tendrá un plazo máximo de 30 días para resolver motivadamente el expediente.

Asimismo, se comprometen a guardar la más estricta confidencialidad para respetar el derecho a la intimidad de las personas implicadas. Además, para garantizar su protección, se posibilitará tanto a quien denuncia como a quien sea denunciada, si lo desean, el cambio en el puesto de trabajo siempre que ello sea posible, hasta que se adopte una decisión al respecto.

El protocolo se difundirá a través de la Intranet del consistrorio y del correo electrónico. También se fomentarán charlas, jornadas y formación a través de los planes de formación continua.

Cabe recordar que este mismo Ayuntamiento está condenado a pagar cerca de un millón de euros por casos de acoso a trabajadores bajo el mandato del exalcalde, Pedro Fernández Montes.

Así, la última empleada  que ha visto reconocida en una sentencia la situación vivida es la anterior secretaria  general. El juez aseguró que en 2009 vivió “un proceso inquisitorial que terminó en maltrato y vejación profesional duradero y continuado a una habilitada nacional por parte del ex primer edil, y sus concejales de gobierno”,

 

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