El anuncio de que el Ministerio de Defensa anulará una venta de 400 bombas del Ejército de Tierra a Arabia Saudí es por el momento una declaración de intenciones que todavía tiene que pasar por la discusión de una comisión de varios ministerios y someterse a distintos matices, han informado fuentes gubernamentales.
Este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, ha evitado responder a las preguntas sobre si el Ejecutivo se plantea rectificar esa decisión, ante el temor de que anular esa operación termine perjudicando el macro contrato con Arabia Saudí que esperan los astilleros de Navantia en Cádiz, para la construcción de cinco corbetas.
La decisión está ahora en manos de una comisión interministerial. "No le puedo contestar porque depende de la resolución a la que llegue la comisión, la respuesta no la tenemos todavía", ha dicho Celaá cuando se le ha preguntado si el Gobierno sigue siendo contrario a la operación de venta de bombas del Ejército de Tierra a este país.
El motivo de una paralización sería el temor de que esas bombas puedan usarse en ataques en Yemen. Sin embargo, el presidente del comité de empresa de Navantia, Jesús Peralta, ha afirmado este viernes que ha tenido noticia de que la embajada saudí en España ha dado "un ultimátum" para conseguir una rectificación. La propia presidenta andaluza, Susana Díaz, ha pedido al Gobierno que actúe cuanto antes.
"UNA SOLUCIÓN SATISFACTORIA PARA TODAS LAS PARTES"
En la rueda de prensa, Celaá no ha confirmado ninguna información y se ha limitado a insistir en que el Gobierno está trabajando para "encontrar una solución satisfactoria para todas las partes", que pase por "mantener buenas relaciones con Arabia Saudí" y al mismo tiempo asegurar la carga de trabajo de los astilleros en Cádiz.
La portavoz no cree que haya "crisis diplomática" con Riad, sino tal vez "un intercambio de opinión" y "alguna discrepancia" que, a su juicio, "se resolverá en horas". Según ha dicho, el Gobierno se mantiene "firme" en mantener relaciones de colaboración con Arabia Saudí y "eso implica mantener los compromisos internacionales del Gobierno, y Arabia Saudí hará lo mismo".
Celaá tampoco ha detallado la composición de la comisión interministerial encargada del asunto, que se reunirá en los próximos días. Generalmente, la encargada de aprobar las ventas de armas es la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso, formada por Presidencia, Exteriores, Defensa, Economía, Industria, Hacienda, Interior y Energía --según un decreto de 2014--.
Sus conclusiones serán comunicadas al Consejo de Ministros, que adoptará una decisión que espera sea satisfactoria para todos--. "Este es un Gobierno diferente y tiene su propio criterio, pero los 6.000 trabajadores de la bahía de Cádiz pueden estar seguros de que este Gobierno está con ellos", ha zanjado, en alusión al contrato de las corbetas.
ANUNCIO DE REVISIÓN TRAS UNA MATANZA EN YEMEN
La decisión de Defensa, que se conoció el pasado lunes, viene precedida de un anuncio, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación que, el pasado 13 de agosto de el Gobierno revisaría las condiciones de armamento y otro material de defensa a los países de la coalición que lidera Arabia Saudí contra los rebeldes en Yemen.
Unos días después de un ataque de la coalición que mató a decenas de personas en el país --muchos de ellos niños-- el Gobierno español se sumó a la "preocupación" expresada por la ONU y explicó que la venta de material de defensa a todos los países de esta zona está sujeta a "estrictas condiciones", incluida una garantía de que no será utilizado fuera del país. Aún así, el Ejecutivo anunció que revisaría esas condiciones "para asegurar su efectividad".
En 2017, la industria española exportó material de defensa por un importe de más de 361 millones de euros a los países que forman parte de la coalición internacional liderada por Arabia Saudí y que participa en la guerra de Yemen.
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