La Eurocámara aprobó con 349 votos a favor, 110 en contra y 114 abstenciones el polémico informe de la danesa Margrete Auken (Los Verdes), que además de denunciar los excesos de la construcción, amenaza con castigar a España congelando algunos de los fondos europeos que recibe.
El texto recuerda que el Parlamento, como autoridad presupuestaria, “puede decidir colocar en reserva los fondos destinados a políticas de cohesión si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro a que ponga fin a graves vulneraciones de la normativa”.
El PP y el PSOE, aseguraron tras la votación que el dinero no peligra para España, pero criticaron ése párrafo que los socialistas calificaron como un “chantaje”.
Los dos partidos habían presentado sus propios informes alternativos, que fueron rechazados con claridad por la Eurocámara.
El texto de Auken que se aprobó finalmente con el voto en contra del PP y la abstención del PSOE es muy crítico con el urbanismo en España y considera que en el país se “ha generado una forma endémica de corrupción”.
De los problemas responsabiliza a todos los niveles de la Administración, por impulsar un modelo de “desarrollo insostenible”, al tiempo que asegura que las autoridades judiciales han demostrado que “no están debidamente preparadas” para responder a los abusos.
Por ello, el Parlamento Europeo exige medidas como la derogación de “todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador” y la anulación de todos los proyectos urbanísticos en curso que no han respetado los criterios del derecho comunitario.
Los eurodiputados quieren también que se suspendan y revisen “todos los planes urbanísticos nuevos que no respetan los criterios rigurosos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social, y que no garantizan el respeto por la propiedad legítima de los bienes adquiridos legalmente”.
En este sentido, y siguiendo a las quejas de ciudadanos europeos que compraron propiedades en el país, la Eurocámara llama a las autoridades a velar por que ningún acto administrativo que obligue a ceder una propiedad se base en leyes adoptadas después de la construcción del inmueble.
El informe se hace eco de los cientos de quejas presentadas por ciudadanos españoles y de otros países ante la comisión de Peticiones de la Eurocámara, que ha analizado en detalle durante la presente legislatura el urbanismo español y que ya llevó al pleno otros dos documentos en la misma línea en 2005 y 2007.
Según aseguró la ponente, el PE llama la atención sobre el “desastroso impacto ambiental de muchos desarrollos urbanísticos masivos, en especial en las costas e islas, pero también en otras áreas como los alrededores de Madrid”.
