La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, ha asegurado que gracias a la Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) la comarca de la Costa del Sol "y principal motor económico, recuperará por fin la seguridad jurídica perdida después de años de desmanes urbanísticos y caos legislativo".

Navarro se ha reunido con los alcaldes así como representantes y personal técnico de los ayuntamientos de más de una decena de municipios que conforman esta comarca, en la que se concentra el mayor porcentaje de población de la provincia (34%), para abordar la aplicación de la nueva Ley de Suelo con la participación de la delegada territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Carmen Casero, y la jefa del servicio de Urbanismo de la Junta en Málaga, Mari Carmen Moreno.

La nueva Ley del Suelo, que entra en vigor este jueves, "simplifica al máximo los procedimientos y la reducción de plazos en la tramitación de los planeamientos, resolviendo a los ayuntamientos la inseguridad jurídica que les provocaba la anterior normativa y que les conllevaba la tramitación eterna de sus planeamientos urbanísticos y la huida de inversiones incluso".

Con esta ley "se cierran 16 años de idas y venidas de una normativa anterior, que se ha modificado hasta en once ocasiones y que no resultaba eficaz porque no se adaptaba a la realidad que tiene el territorio andaluz y, principalmente, la provincia de Málaga".

La delegada del Gobierno ha destacado que la Lista, en cuyos reglamentos que la desarrollan ya se trabaja, se suma a la redacción del nuevo Plan Territorial de la Costa del Sol Occidental, por lo que tanto inversores como residentes y ayuntamientos "podrán contar con instrumentos certeros y ágiles que permitan el crecimiento y desarrollo del territorio dentro de un orden y control lógicos", ha señalado.

Ha incidido en que la tramitación del planeamiento urbanístico de un municipio se podía alargar de media hasta ahora unos diez años, "y ha habido municipios como Macharaviaya que tuvo que esperar incluso 16 años para su aprobación definitiva", mientras que ha señalado que con la Lista el plazo medio de trámites se reduce a dos años.

La delegada de la Junta ha hecho hincapié también en que cada municipio será abordado en función de sus características y número de habitantes. Y se establece un sistema dual para los de más de 10.000 habitantes, litorales o de la aglomeración urbana de Málaga que engloba "un plan general de ordenación municipal y los planes de ordenación urbana, más al detalle", como es el caso de Benalmádena, Casares, Estepona, Fuengirola, Marbella, Manilva, Mijas y Torremolinos. Los demás podrán tramitar y aprobar su Plan Básico de Ordenación Municipal.

Para Navarro, con la Lista "por fin los consistorios adquieren la mayoría de edad en cuanto a capacidad poder organizar su término municipal y la Junta establece unos usos superiores e infraestructuras de carácter más comarcal o provincial" a los que ajustarse.

Con la nueva norma se simplifica además la clasificación de suelos, al diferenciar únicamente entre suelo urbano y rústico, y se permite la construcción en este último siempre que no afecte a una zona protegida o sea compatible con su régimen de protección.

Para abordar los nuevos cambios legislativos en materia de suelo, la Delegación del Gobierno ha impulsado reuniones en todas las comarcas de la provincia con los alcaldes y a partir de ahora también se harán con cada municipio. Una vez que se aprueben los reglamentos que desarrollan la Lista se repetirán los encuentros de trabajo con los ayuntamientos.

La delegación territorial ha ofrecido ayuda técnica y asesoramiento a los municipios, con la organización de mesas técnicas y jurídicas, y se cuenta con el refuerzo y la aportación de la Diputación provincial. Además, se habilita una convocatoria de ayudas económicas para agilizar aún más el trabajo de los consistorios 
La LISTA prevé ayudas de hasta 10.000 euros a los ayuntamientos para que redacten sus planes especiales y generales.