El Ayuntamiento de Sevilla, en una medida coordinada desde la Delegación de Hacienda y Administración Pública con el área de Patrimonio, Gerencia de Urbanismo e Instituto de la Cultura y las Artes (ICAS), ha aprobado ampliar hasta el 30 de junio el plazo para abonar todas las rentas arrendaticias de locales de negocio, así como los cánones de las concesiones de dominio público de titularidad municipal.

Según detalla el Consistorio en una nota de prensa, no se girarán los recibos de abril y mayo, que se podrán abonar en principio hasta el junio mientras se analiza por parte de los servicios municipales la evolución del decreto de alarma, así como la situación de cada uno de estos negocios dentro las posibilidades existentes y en el contexto del marco jurídico municipal.

Esta medida se enmarca dentro de la estrategia para aportar liquidez a los sectores más afectados por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus (Covid-19) y busca medidas compensatorias dentro de las competencias municipales. La decisión, aprobada a través de una resolución de la Delegación de Hacienda, afecta a todos los locales de titularidad municipal en los que se desarrollan actividades económicas, principalmente comercios y establecimientos de hostelería y restauración. Asimismo, tiene incidencia en todas las concesiones sobre bienes de dominio público que tienen asignados cánones mensuales.

La concejal de Hacienda y Administración Pública, Sonia Gaya, resalta que están adoptando "todas las medidas posibles dentro de las competencias municipales y del marco legal existente" para aliviar la situación económica de empresas, autónomos y de todos los hogares ante las consecuencias de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19. "Trabajamos además en una batería de medidas para favorecer la reactivación de la ciudad una vez que superemos el estado de alarma", añade.

Además, afirma que el Ayuntamiento y sus organismos autónomos trabajan en adoptar "las mejores opciones posibles" dentro del marco normativo que establece el Real Decreto 462/2020 de declaración del estado de alarma para fijar medidas compensatorias para aquellas empresas o entidades que sean titulares de concesiones de servicio y obra pública, una línea en la que se está avanzando desde los distintos servicios municipales.