Dos policías locales de Osuna (Sevilla) han solicitado al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que expulse de la carrera al juez que ordenó deducir testimonio contra ellos tras archivar su denuncia por delitos de corrupción contra la alcaldesa de la localidad, Rosario Andújar (PSOE), y otros cargos.
En un escrito dirigido a la Comisión Disciplinaria del CGPJ, al que ha tenido acceso Efe, J.F.R.B. y A.M.L.M. piden que se expediente a Ignacio Carlos Rubio, responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Osuna, por una falta leve, grave o muy grave, de acuerdo con los artículos 417 y 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Juzgado mixto número 1 de Osuna archivó el pasado 7 de marzo la denuncia de los agentes contra la alcaldesa, dos delegados de Seguridad Ciudadana y Movilidad, el jefe accidental de la Policía Local y otras tres personas por prevaricación, malversación, falsedad documental o tráfico de influencias, entre otros delitos.
Los policías aseguraron que el Ayuntamiento había ordenado "no denunciar a determinadas personas", que existía "miedo a las represalias de la Alcaldía o de sus mandos" y que se dejaban prescribir las infracciones o se retiraban arbitrariamente, pero el juez consideró que esos hechos eran "claramente falsos".
Los agentes denuncian en su escrito la "especial inquina" del magistrado contra J.F.R.B., al que se dirige en el auto de sobreseimiento "con expresiones improcedentes, ofensivas e irrespetuosas (...) para mofarse de él".
También consideran que "directamente falta a la verdad" cuando afirma que la Inspección de Trabajo no estimó una denuncia del agente por acoso laboral, ya que fue archivada "no porque no exista acoso, sino por prejudicialidad penal", a lo que añaden que el Tribunal Médico le ha prorrogado su incapacidad temporal "seis meses más".
El escrito también lamenta que el juez deduzca testimonio por denuncia falsa y falso testimonio "sin tener la delicadeza de adjetivar el tipo como presunto" y sin haber practicado veinte diligencias, lo que "supera el esperpento" en algunos casos.
"Como duda de que los miles de establecimientos mercantiles de Sevilla y Córdoba cumplan puntualmente la normativa, pues Osuna no va a ser menos y por ello no se va a prevaricar por parte de sus autoridades, lo cual es un dislate jurídico", dicen los agentes.
Otra prueba denegada fue el visionado del pleno del 11 de julio de 2017, en el que "se pone de manifiesto el linchamiento y humillación" por parte de la alcaldesa contra J.F.R.B. "para dar satisfacción a los vecinos", lo cual constituye "una clara actuación prevaricadora que excede un mundo del derecho a la libertad de expresión".
Otro abuso de autoridad, según la denuncia, es que el juez recalque que nunca había habido ninguna investigación contra el Consistorio por ese tipo de delitos, con lo que "olvida que siempre hay una primera vez para todo".
Para los policías, el auto de archivo está "plagado de especulaciones y expresiones innecesarias y extravagantes" y se basa en "rumores y chismorreos".
Los agentes también denuncian que el juez llamó como investigados a personas que ellos habían citado como testigos, con lo que "se acogieron a su derecho a no contestar a la acusación" y eso supuso una "obstrucción a la investigación".
