Los tres edificios en la calle Fray Isidoro de Sevilla que se encontraban ocupados ilegalmente, en los números 2, 4 y 6, han tenido que ser finalmente clausurados y desalojados por los graves problemas estructurales que presentan y que han sido agravados por el robo de los apuntalamientos y por los graves problemas de salubridad e inhabitabilidad existentes.
Según han informado fuentes municipales a Europa Press, en el momento en el que se ha realizado la intervención especial al detectarse el riesgo de derrumbe, a primera hora de la mañana, había 18 personas en el interior, entre los que se encontraba un varón con una orden de búsqueda y captura, por lo que la Policía Local, tras detectarlo, ha procedido a su detención y será puesta a disposición del Juzgado.
El dispositivo especial ha estado conformado por miembros de la Policía Local, Lipasam, Zoosanitario, Bomberos, Servicios Sociales, Distrito Macarena y Gerencia de Urbanismo. En este marco, se ha destacado que no se ha producido "ningún altercado ni problema de orden" durante el desalojo de la conocida como 'Corrala Dignidad'.
Así, se puso en marcha un dispositivo de Servicios Sociales para que todas las personas que lo requirieran tuvieran una alternativa habitacional de acuerdo con los informes técnicos. De este modo, un total de 14 personas fueron alojadas en el Centro de Acogida Municipal y cuatro en el centro de alta tolerancia. En total, 18 personas, la mayoría ya con fichas abiertas en los Servicios Sociales.
De su lado, los servicios de limpieza no han podido desarrollar las actuaciones programadas dado que el "riesgo evidente en los edificios no garantizaba la seguridad a los trabajadores municipales", teniendo en cuenta que los informes y la evaluación técnica del estado de los edificios han constatado que éstos estaban incluso peor de los recogido en los informes.
La actuación comenzó en el número 4, donde se había detectado el problema más grave debido al robo de los apuntalamientos que sostenían la estructura, pero, conforme avanzaba el análisis de la situación, se observó también el mal estado de los otros dos edificios ocupados.
La intervención se ha realizado después de que la propiedad del edificio haya trasladado a la Gerencia de Urbanismo en junio de 2018 el aviso de que se han producido robos de los puntales existentes en el número 4 del edificio y que se habían instalado en 2006 debido al mal estado de los forjados de las cubiertas.
De hecho, dada esta situación, los informes técnicos constataron que cualquier alteración de los apuntalamientos supondría una situación de peligro inminente para los posibles ocupantes y para las edificaciones colindantes.
En 2014, además, el edificio fue declarado en situación de ruina. Desde 2007, por tanto, está decretado el desalojo de personas y enseres de este inmueble de propiedad privada así como su clausura, orden que ha sido vulnerada durante este tiempo.
