El informe pericial elaborado por encargo del Juzgado de Instrucción número tres de Sevilla, en el marco de la causa incoada en 2014 contra la empresa minera Cobre las Cruces, que explota la corta ubicada entre Gerena, Guillena y Salteras, por presunto "abuso y sobreexplotación" del acuífero Niebla-Posadas, señala una "sobreexplotación fuera de la concesión en vigor en el periodo de estudio" y aunque reconoce la compra de concesiones de agua para compensar el agua detraída, avisa de que tal extremo "no es de aplicación" si no media una autorización previa.
Recordemos que el pasado mes de setiembre de 2016, el exconsejero delegado de Cobre las Cruces Françoise Fleury; el exdirector de Minas William Thomas Willliams y la directora del área de Medio Ambiente, Paz Cosmen, fueron condenados a multas por valor de 6.750 euros en cada uno de los casos y un año de cárcel cuya ejecución quedaba suspendida siempre que no vuelvan a delinquir durante un plazo de dos años, como autores de un delito contra el medio ambiente y otro de daños al dominio público, por la contaminación y la detracción no autorizada de agua detectadas en el acuífero Niebla-Posadas.
El procedimiento judicial arrancó en 2008, a raíz de los expedientes sancionadores previamente incoados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) contra Cobre las Cruces, por la detracción no autorizada de 75.000 metros cúbicos de agua del acuífero, la práctica de 20 sondeos no autorizados y el vertido de arsénico y otras sustancias contaminantes a este cauce hídrico explotado por la empresa minera, mediante una concesión y un sistema de drenaje y reinyección de aguas.
En paralelo, en 2014 nacía otra causa judicial a cuenta de las acciones judiciales de Ecologistas en Acción, por nuevas y supuestas prácticas de "abuso y sobreexplotación de las aguas subterráneas" del acuífero por parte de la empresa minera.
Según la denuncia de la Fiscalía, derivada de las acciones de Ecologistas en Acción, "entre el 15 de noviembre de 2010 y el 15 de enero de 2011, la diferencia abusivamente extraída (por la mina del acuífero) superó los 321.000 metros cúbicos; el siguiente trimestre más de 23.000; el siguiente supera los 56.000 metros cúbicos; más de 58.000 el siguiente trimestre; 63.000 y 63.000 en los dos siguientes", de tal manera que sólo en un año, el exceso de extracciones de agua fue de "285.077" metros cúbicos de agua.
INVESTIGADO EL RESPONSABLE DE AGUAS
Como consecuencia de la denuncia de la Fiscalía por un presunto delito continuado de daños en bienes de dominio público, resultó investigado Juan Carlos Baquero Úbeda, responsable de Aguas de la mina Cobre Las Cruces, toda vez que según una providencia recogida por Europa Press, el Juzgado de Instrucción número tres ha fijado para el 16 de marzo la comparecencia como testigo de un geólogo autor de un informe especial encargado por el Juzgado de Instrucción número tres, que investiga el asunto.
En dicho informe, recogido por Europa Press, este geólogo perito judicial del Colegio de Geólogos de Andalucía expone que "los datos aportados en los informes por el hidrogeólogo residente (de la mina) son correctos en cuanto a que el exceso en el volumen extraído y no inyectado representa una sobreexplotación que se encuentra fuera de la concesión de aguas en vigor en el periodo de estudio". Y es que "en la concesión otorgada por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir no se distingue el origen de las aguas, incluyendo todas las aguas que se extraen del fondo de la corta, sin discriminar su origen y limitándose la extracción (autorizada en el fondo de la corta) a 160.000 metros cúbicos" entre 2010 y 2013.
"El inculpado hace referencia a criterios contemplados en la solicitud de concesión presentada con posterioridad y a los criterios de cálculo de las cantidades de agua en función del origen de las mismas", precisa el informe respecto a los argumentos que habría esgrimido el responsable de Aguas de la empresa, investigado en este procedimiento judicial.
LA COMPENSACIÓN DE AGUAS
En su informe, el geólogo perito judicial reconoce que "es cierto que la empresa ha comprado concesiones de agua por las cantidades que indica" para compensar el agua detraída, pero en paralelo avisa de que "toda compensación mediante compra de derechos de agua no autorizada por la Confederación no es de aplicación".
"Toda compensación mediante la compra de derechos de agua no autorizada por la Confederación no es aplicable a la concesión otorgada", insiste en su informe, según el cual "no se ha encontrado ningún documento de la CHG que acredite la validez de las compensaciones que indica el inculpado".
"Por la documentación aportada, durante el periodo 2010-2013 se produjo una sobreexplotación por encima de las cantidades que la empresa tenía autorizadas tanto en la concesión de aguas de la CHG, como en las condiciones limitantes de la autorización de impacto ambiental", resume en su informe este geólogo perito judicial,
