La Junta de Andalucía, socio al 50% junto al Ayuntamiento hispalense de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), niega rotundamente tener deudas o pagos atrasados con dicha entidad ante las críticas vertidas durante las últimas semanas por algunos de los miembros de su propio Consejo de Administración.
Fuentes de la Consejería de Cultura han señalado a Viva Sevilla que, siendo la ROSS una sociedad mercantil, no existe ningún compromiso legal o contractual que obligue a los socios a pagar ninguna cantidad establecida de antemano o a abonar las mismas sumas de dinero que el otro socio, en este caso el Ayuntamiento de Sevilla. Si bien, aunque admiten que el Consistorio ha estado abonando en los últimos tiempos partidas más elevadas que la Junta y que existe un compromiso desde 2006 para repartirse al 50% la responsabilidad económica con la ROSS, las mismas fuentes de Cultura explican que dicho compromiso “no es legalmente vinculante y que es tan sólo un acuerdo de intenciones”, ya que no llegó a ratificarse por la Junta general de accionistas de la orquesta.
“No existe ninguna deuda mercantil, de hecho la palabra deuda en este caso está mal utilizada. La Junta trabaja desde hace más de año y medio para que el proyecto de la ROSS sea viable y siempre ha defendido que hay que apostar por un equilibrio presupuestario. El problema no son tanto los ingresos sino que están en los gastos”, señalan desde la Consejería, esgrimiendo que en los últimos años han abonado a la Sinfónica más dinero de lo inicialmente consignado.
Participa incide en el bloqueo del Consejo y apunta a la responsabilidad de la Junta
Para Participa Sevilla, uno de los integrantes del Consejo de Administración de la ROSS, la situación “sigue bloqueada” tras la última reunión del consejo celebrada este jueves. Su portavoz municipal y también vocal en este órgano, Susana Serrano, señaló ayer a este periódico que “tal y como se esperaban” no se pudo llegar a un acuerdo para solucionar la situación económica de la orquesta que se encuentra al borde de su tercera causa de disolución tras las vividas en 2014 y 2015.
Para Participa, la principal manera de salir adelante pasa por “exigir a la Junta que se ponga al corriente de sus pagos correspondientes”, que llegan a cifrar en algo más de dos millones de euros.
“La Junta no está cumpliendo con sus compromisos políticos para mantener la Sinfónica”, señaló Serrano. Es por ello que durante el pasado Pleno municipal llevaron una moción por la vía de urgencia, que fue aprobada, para que se convoque una Junta Extraordinaria de Accionistas de la ROSS que “sería la única manera de obligar al alcalde, Juan Espadas, y a la consejera de Cultura, Rosa Aguilar, a sentarse cara a cara sin intermediarios” para debatir “soluciones definitivas”.
El Consejo de Administración de la ROSS fijó ayer para diciembre dicha reunión, aunque sin establecer una fecha concreta.
Evitar la disolución
Al margen de dicha convocatoria de la Junta extraordinaria de Accionistas de la ROSS, fuentes de la Consejería de Cultura insistieron en su voluntad “para hacer viable el proyecto” y en la defensa de lograr “un equilibrio presupuestario”, ya que, señalan, el problema “no son los ingresos sino los gastos”.
Según fuentes de la Consejería, la ROSS lleva acumulando en los últimos años “unos gastos estructurales de entre 500.000 y 700.000 euros por encima del dinero que ingresa”. En la actualidad, señalan, se trabaja para reducir esos gastos y las fórmulas, según explican, pasarían por buscar nuevos patrocinadores, sacar más rendimiento a los conciertos (para 2017 se han programado cuatro conciertos más ya que en 2016 la programación dejó un déficit de 135.000 euros) o en ahorrar en otro tipo de cuestiones “entre las que nunca se ha puesto encima de la mesa por parte de la Junta el bajar el sueldo a los músicos”, dicen.
La Junta, que para 2017 ha presupuestado 2.389.000 euros para la ROSS (200.000 euros más que en 2016), mantuvo ayer durante el Consejo de Administración su compromiso de abonar antes del 31 de diciembre de este año los 429.000 euros prometidos el pasado mes de mayo por la consejera (al margen de lo consignado para 2016) para evitar la posible causa de disolución de la Sinfónica.
