El portavoz socialista, Juan Espadas, pidió ayer explicaciones sobre la situación económica de Emvisesa, cuya sede social ha sido embargada de forma preventiva por la Agencia Tributaria al adeudar casi medio millón de euros en impuestos, hecho que la delegada de Hacienda y Administración Pública, Asunción Fley, ha negado.
“Ni la sede de Emvisesa está embargada ni la viabilidad de la empresa está en peligro”, ha afirmado la delegada de Hacienda en un comunicado en el que, no obstante, sí ha reconocido que, como “cualquier contribuyente” ha tenido que presentar una “garantía de pago” para pedir el fraccionamiento de la deuda.
Como cualquier ciudadano sabe, la inclusión de una anotación de embargo preventivo en el Registro de la Propiedad, en este caso la sede de Emvisesa, para hacer frente a una deuda -de 469.175 euros- implica no disponer del bien hasta abonar esa cantidad.
A pesar de esta realidad, Fley rechaza que la sede haya sido embargada y achaca los problemas económicos a la gestión del Gobierno anterior, especialmente por la encomienda de gestión de las obras de ampliación de Fibes, que alcanzó los 25 millones.
Añade, contradiciendo el propio acta de Emvisesa, que han transferido en 2012 y 2013 a Emvisesa 12 millones, 9,5 de ellos para afrontar el préstamo para las obras. “Espadas no debe exigir nada al Gobierno, porque éste ya está afrontando el pago de la deuda y lo hará en su totalidad”, asegura Fley.
Respondía así a la petición del portavoz socialista de convocar un consejo extraordinario de Emvisesa, exigiendo explicaciones de por qué el Gobierno “no cumple” con la empresa y asume el convenio con el Consorcio de Fibes, que debía subrogarse al préstamo de ampliación.
Espadas lamentaba que todo siga un “guión preestablecido por Zoido para ir desmantelándola” y asegura que es una situación “que carece de toda lógica” que la Agencia Tributaria del Ayuntamiento embargue un bien “que ya es de su propiedad”.
Por su parte, el portavoz de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, ha asegurado que este embargo es un paso más de la “hoja de ruta” del Gobierno del PP para eliminar el papel de Emvisesa en la promoción de viviendas públicas.
Para Torrijos, al que no sorprende este embargo, no subrogarse al contrato y no transferir las cantidades y parcelas acordadas en el convenio es un paso más en su estrategia de “dejarla morir de inanición”. Según fuentes de IU, la formación ha pedido en varias ocasiones la celebración de un consejo extraordinario de Emvisesa.
