El Gobierno andaluz ha obviado a la Consejería de Fomento y Vivienda, en manos de IU, para conceder hace un mes a través de la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio una subvención de 1.749.000 euros a una Fundación de la CEA que tiene sin rematar 583 viviendas de protección oficial en Sevilla Este.
No ha sido la Dirección General de la Vivienda de la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés (IU), sino la de Urbanismo, englobada en la de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, cuya titular es María Jesús Serrano (PSOE), la que el pasado 15 de octubre aprobó una subvención de 1.749.000 euros en favor de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, dependiente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) y con sede en la calle San Vicente número 22 de Sevilla, con objeto de que compre suelo para la construcción de viviendas protegidas.
Independiente del organismo que concede la subvención, lo llamativo es que, según informó la agencia Europa Press, once días antes el Juzgado de Primera Instancia nº 12 de Sevilla había admitido a trámite una demanda promovida por el colectivo de adjudicatarios de las 583 viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa. En la demanda, el abogado del colectivo reclama a la citada fundación 1,1 millones por los daños y perjuicios derivados del retraso en la entrega de las viviendas y los efectos del no aprovechamiento de las mismas.
Dinero anticipado
Cada uno de los adjudicatarios de viviendas había entregado entre 18.000 y 21.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. No obstante, las dificultades financieras de la constructora Dolmen Consulting Inmobiliario, inicialmente contratada para la edificación de los bloques, motivó que esta labor recayese en la empresa Nazarí.
En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización por el Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), ‘el banco malo’, se habría hecho cargo de este préstamo sin que hubiese sido aún resuelta su viabilidad o no. Las viviendas, como señalan los afectados, quedaron “inmovilizadas como activo tóxico” por el Sareb y siguen sin ser acabadas, pese a que la previsión inicial es que se entregaran en 2010.
Embargos
Previamente, el pasado verano, el juzgado de Primera Instancia 3 de Sevilla había decretado el embargo de varios bienes y el bloqueo de cuentas de la CEA por el impago a contratistas en esta promoción de viviendas protegidas en Sevilla Este.
Empresas subcontratadas que habían realizado trabajos para la construcción de los pisos no cobraron por sus servicios y dos de ellas obtuvieron una sentencia favorable contra la CEA, la cual fue condenada a pagarles 11.500 euros entre ambas. Al ordenar la ejecución de la sentencia, el titular del Juzgado decretó embargos sobre dos fincas de la promoción de Sevilla este, así como de depósitos bancarios de la fundación de la patronal y de las devoluciones de Hacienda a que pudiera tener derecho.
Acampadas
Los compradores de las 583 viviendas paralizadas, que han protagonizado acampadas ante la sede de la Junta en el palacio de San Telmo, enviaron hace cuatro meses un escrito a la Delegación de la Consejería de Fomento, en el que reclamaban que sea retirada la calificación de VPO a los edificios promovidos por la Fundación de la CEA. Sin embargo, la Junta ha hecho oídos sordos y le ha otorgado esta subvención para nuevas promociones de vivienda protegida.
En el escrito, el colectivo de afectados solicitó también a la Junta de Andalucía que se inicie “el trámite de expropiación de los suelos protegidos” y que proceda a investigar las causas por las que no se devolvió el dinero a aquellos compradores que rescindieron su contrato. Por otra parte, el colectivo mantiene una querella por la vía penal contra la dirección de la propia Fundación.
