Portugal no se puede permitir el lujo de trasvasar agua desde la presa de Alqueva, en la región del Alentejo, en beneficio de los agricultores españoles porque los portugueses también la necesitan debido a la sequía. Esta es la posición, en línea con la anteriormente expresada por el presidente de la sociedad gestora del macroembalse, que mantienen organizaciones agrarias y ecologistas en los últimos días.
Diogo Vasconcelos, que preside la Asociación de Jóvenes Agricultores del Sur (AJASUL), ha declarado a la agencia Lusa que le preocupa la noticia de que el Parlamento regional de Andalucía, en España, haya aprobado una «propuesta no legislativa», es decir, una recomendación, solicitando agua de Alqueva debido a la sequía.
Esta pretensión de trasvasar agua de Alqueva a Andalucía, es decir, del río Guadiana aguas abajo de la presa, también ha sido apoyada por los agricultores de la región española.
«No entiendo por qué tenemos que ceder la poca agua almacenada que tenemos, en uno de los pocos lugares que tenemos para almacenarla, a los agricultores españoles, cuando a los portugueses también les falta agua», expresó Diogo Vasconcelos.
Al señalar que Portugal también se enfrenta a «un período muy largo de sequía», con «tanta falta de agua y de capacidad de almacenamiento», el líder de la asociación agraria consideró que el país «no puede darse el lujo» de renunciar o vender lo que tiene almacenado.
«Espero -añadió- que esto no sea más que una simple noticia», argumentando que el traspaso o venta de agua a los españoles «no solucionará el problema de la falta de agua en el país, sino que lo empeorará». En Portugal -continuó-, los efectos del cambio climático «son reales», es decir «cada vez llueve menos», por lo que se necesitan «trasvases, pantanos y una serie de inversiones para combatir» las sequías.
Considerando que «los españoles plantaron más cultivos de regadío de los que podían regar», el presidente de AJASUL destacó que aquéllos, al igual que los agricultores portugueses, se enfrentan a «una falta de capacidad de almacenamiento».
Diogo Vasconcelos añadió que la eventual entrega de agua de Alqueva a los agricultores españoles es también «una cuestión de defensa nacional», ya que, ante una posible «falta grave de agua en el Alentejo, la única solución es Alqueva».
«La presa de Monte Novo, que abastece a Évora, se nutre de Alqueva y si no existiera Alqueva, en años como éstos no habría agua en Évora», puso como ejemplo.
AJASUL, con sede en Évora y delegaciones en Reguengos de Monsaraz y Portel, cuenta con alrededor de 1.000 miembros, casi todos en el distrito de Évora.
Por su parte, Rui Garrido, presidente de la Federación de Asociaciones de Agricultores del Bajo Alentejo (FAABA) ha declarado a la agencia Lusa que no apoya el posible trasvase de agua de Alqueva a España debido a la sequía, y ha augurado pérdidas para los cultivos del Alentejo.
“No veo con buenos ojos esta pretensión desde el principio. Tiene que haber muchas conversaciones y […] tengo algunas reservas” sobre esta posibilidad, añadió el presidente de FAABA, con sede en Beja.
Rui Garrido recordó que los agricultores españoles “tienen más del doble de superficie en la cuenca del Guadiana” que los portugueses.
“Según escuché -añadió- tienen la zona regada por muchos puntos y una superficie muy grande para el agua que tienen. Por eso, siempre deben venir años muy templados para que eso suceda”.
El presidente de FAABA también dijo que Portugal podría incluso solidarizarse con España en este asunto, pero que no se puede “olvidar que el año pasado o hace dos años [los españoles] quisieron cortar el agua del caudal ecológico a Portugal en el Duero”. “Quien no se siente así no es hijo de gente buena”, subrayó.
En opinión de Rui Garrido, la reivindicación española también podría poner en peligro la agricultura del Alentejo, que se beneficia de Alqueva, y cuya cuota anual es de “590 millones” de metros cúbicos de agua y, este año, “si no se ha superado, está al borde de ser superada”.
“Por lo tanto, el agua que hay disponible para la agricultura en nuestra región ya no es suficiente y tenemos que renegociar más agua. O con EDP o construir más pantanos para captar más agua”, afirmó.
POSICIÓN DE LOS VERDES
También ha terciado en el debate la organización ecologista ZERO (Asociación para un Sistema Terrestre Sostenible), que en otras ocasiones ha «llevado las cuentas» de la aplicación por parte de España del Convenio de Albufeira, especialmente para el río Tajo, ya que la entidad tiene su sede en Lisboa.
Su portavoz, Pedro Horta, ha declarado que «el trasvase de agua del embalse de Alqueva a España, si alguna vez se produce, debe ir precedido de una información completa sobre el destino de ese agua».
“¿Para qué sería ese agua? Para riego, pero ¿con qué fines? ¿Para invernaderos y frutas de exportación?”, preguntó en declaraciones a la agencia portuguesa de noticias Lusa, destacando que la decisión de Portugal debería depender de las respuestas a esas preguntas.
El dirigente ecologista sostuvo que, en caso de una crisis de suministro de alimentos, una posible demanda de agua debe ser tratada de manera diferente a la falta de agua para los invernaderos.
“Si la solicitud es para abastecer a una industria que se arriesgó cuando se creó, hay que considerarlo de otra manera”, argumentó.
Pedro Horta recordó que ya existe una extracción, a su juicio ilegal, de agua en el Bajo Guadiana, en Bocachanza, por parte de España, mientras que Portugal se prepara para realizar otra extracción en la zona de Pomarão.
“Entonces aquí hay una disputa por el agua”, añadió, y destacó que aunque Alqueva es un sistema con gran capacidad, las concesiones están prácticamente al límite. El problema, según el portavoz ecologista, es que España no ha frenado la demanda de agua, como parece que tampoco lo está haciendo Portugal. “Se construyen más sistemas de riego y luego se buscan milagros”, aseveró, y advirtió que las cuestiones del agua son muy delicadas.
Sara Correia, también miembro de la asociación ZERO, insistió en la tesis de que la captación de agua del Bajo Guadiana, que España quiere aumentar, es ilegal porque debería haber terminado tras la construcción de la presa del Andévalo, «pero aun así se incrementará”, afirmó.
Asimismo recordó que Portugal se está preparando para una nueva captación, en Pomarão, “que también creo que no fue negociada”, añadió, por lo que considera que estos cambios requieren una revisión del Convenio de Albufeira.
Sara Correia insistió en que es necesario comprender los impactos de las captaciones de agua sobre los caudales ecológicos y afirmó que éstos no se pueden medir en términos trimestrales o semestrales, porque permite a España retener agua durante, por ejemplo, dos meses y medio y luego liberarla toda de golpe, lo cual opina que es dañino.
«Tenemos que definir caudales mínimos diarios con España. Eso es lo que hay que negociar. Incluso podría ser el mismo caudal, no hay que negociar más agua», dijo, señalando un problema fundamental en esta materia: «Los modelos de explotación agrícola no son compatibles con el agua que tenemos».
RESPUESTA
Tras conocer estas declaraciones, Juan Saura, exdirector de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y promotor de la idea del trasvase, pide que los ecologistas portugueses expliquen el supuesto impacto ambiental negativo que tendría aquél. En su opinión, en todo caso el impacto lo ha producido la construcción de la presa de Alqueva al alterar el régimen natural del río Guadiana.
Según Saura, tras estas últimas lluvias hubieran pasado por Bocachanza varias decenas de m3/segundo, cantidad de agua que ha retenido el embalse de Alqueva.
Respecto a los agricultores portugueses, les pide que no se olviden de los miles de hm3 que de forma regulada por los embalses españoles les llegan a las vegas de Oporto y de Lisboa y que el agua de Alqueva procede mayoritariamente de un río español.
Además, afirma Saura que la cantidad de agua que se solicita (él ha hablado de 100 hm3 en números redondos al año) es realmente pequeña y con un fin ambiental como es la protección del Parque Nacional de Doñana, declarado Patrimonio de la Humanidad.
Está claro, en opinión del exdirector de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que hay que negociar y consensuar, pero afirma que «la postura egoísta de los portugueses es inadmisible». Por ello «el Gobierno de España debe defender los intereses españoles, que son legítimos», concluye.
