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Sevilla

Cs propone el uso de Bizum para el pago de impuestos y trámites administrativos

El grupo apuesto por la plataforma bancaria Bizum que es "cada vez más conocida y aceptada entre los sevillanos"

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  • Camen Santa María, portavoz de Cs en la Diputación, en uno de los patios del organismo provincial. -

El grupo de Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Sevilla defenderá este jueves 30 de junio en el pleno una moción en la que propone el pago de impuestos y otros trámites locales a través de la plataforma bancaria Bizum, "cada vez más conocida y aceptada entre los sevillanos".

Mediante esta iniciativa, los diputados de la formación Carmen Santa María y Manuel Benjumea, proponen que se realicen "cuantas modificaciones o adaptaciones técnicas y jurídicas sean necesarias para que tanto la Diputación como sus entes instrumentales permitan a los vecinos de Sevilla realizar las transacciones económicas a través de este método de pago, que ya cuenta con el arraigo suficiente", destaca Ciudadanos en una nota de prensa.

Según la portavoz de Cs en la Diputación, Carmen Santa María, "quienes tenemos responsabilidades políticas tenemos también la obligación de facilitar la vida a los ciudadanos y el pago mediante medios telemáticos es una práctica segura y habitual entre muchas personas, siendo la plataforma Bizum uno de estos medios más extendidos; ello no crea costes asociados, como sucede a veces con una transferencia bancaria o la tarjeta".

"El pago por Bizum es una modalidad directa, segura e inmediata, lo que aproxima a la ciudadanía a la Administración al incorporar estas nuevas tecnologías en los trámites diarios, al tiempo que estamos seguros de que mejoraría considerablemente los niveles de recaudación pública disminuyendo así el fraude fiscal", ha manifestado Santa María.

Esta propuesta que deberá debatirse en Diputación tiene un sustento legal basado principalmente en el Real Decreto 203/2021, de 20 de marzo, que aprobó el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, que desarrolló reglamentariamente las leyes 39/2015 y 40/2015, ambas de 1 de octubre, reconociendo el derecho de las personas a relacionarse por medios electrónicos con la Administración.

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