La Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla ha tomado este miércoles declaración como acusado a Ángel Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, en el juicio por las ayudas autonómicas a empresas vinculadas al sector del corcho, como Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), Corchos de Cazalla, Servicios y Mantenimiento de Cazalla, Enoworld y Corchos Higuera, con cargo a la partida presupuestaria 31L de la Junta de Andalucía, con la que eran sufragados los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos e incluso innecesarios y subvenciones arbitrarias y sin publicidad.
A tal efecto, recordemos que este juicio gira en torno a las ayudas concedidas entre 2001 y 2007 por importe de 8.408.096,42 euros a este grupo de empresas, "prescindiendo absolutamente de los principios y procedimientos legalmente establecidos para ello, sin fiscalización, justificación ni control previo, y, en definitiva, de forma fraudulenta y arbitraria", según el juez instructor José Ignacio Vilaplana.
Los encartados en esta pieza de la macrocausa de los ERE, recordémoslo, son Ángel Rodríguez de la Borbolla, --hermano del expresidente socialista de la Junta José Rodríguez de la Borbolla y exalcalde de Cazalla de la Sierra por el PSOE--, por su papel de socio mayoritario, administrador único o apoderado de las empresas investigadas; el actual alcalde de Cazalla, Sotero Manuel Martín Barrero (PSOE), como partícipe del capital societario y de los órganos de administración de varias de las empresas; el coadministrador de las empresas Rogelio B.M.; un empresario portugués administrador de hecho de varias de las entidades, identificado como Fernando Pedro M.O.; y un responsable bancario identificado como Gerardo C.E.
Tras las pruebas testificales y periciales celebradas a lo largo del juicio, iniciado a mediados de marzo, el primer acusado en prestar declaración ha sido Ángel Rodríguez de la Borbolla, quien ha manifestado que las subvenciones cosechadas por las citadas entidades "eran absolutamente especiales" y estaban destinadas a empresas "en crisis que reunieran unos requisitos", siendo estos fondos regidos por "un procedimiento absolutamente especial", según sus palabras.
Francisco Javier Guerrero
Las ayudas objeto de juicio, recordémoslo, se encuadran en las subvenciones otorgadas durante el periodo en el que la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía estaba comandada por Francisco Javier Guerrero, condenado por el "procedimiento específico" articulado en la Junta para la tramitación de estos fondos y fallecido en 2020.
El dinero público obtenido por el citado grupo de empresas, según ha dicho, fue destinado a "pagar deudas" de las mismas con la Seguridad Social, Hacienda, trabajadores y proveedores, así como a "inversiones" de diversa índole.
El gasto de los fondos, según ha manifestado, no fue justificado ante la Administración andaluza porque aunque los responsables de las empresas beneficiaria preguntaron por ello ante la Junta, según ha asegurado, dado que la Administración no requirió tal extremo, la justificación no fue presentada. "Era la función de ellos", ha dicho con relación a los responsables de la Junta.
"La más mínima indicación" de ilegalidad
En cualquier caso, ha defendido que "nadie" le hizo "la más mínima indicación" de que se pudiese tratar de ayudas "ilegales" o que mediase algún "incumplimiento" de la legalidad vigente.
Y especialmente, ha asegurado que ninguno de los socios de las empresas mencionadas cobró "ni un solo euro" en dividendos o dietas por su participación en las entidades beneficiarias de las ayudas cosechadas. Es más, ha asegurado que la participación en las mismas supuso "la ruina para algunos" de ellos. En su caso, según ha aseverado, él acabó "totalmente" arruinado por su participación en estas empresas que, según ha defendido, "mantuvieron la economía de los pueblos" de la Sierra Norte sevillana "todos los años que funcionaron", generando en su conjunto 187 puestos de trabajo.