El equipo de Gobierno PSOE -CIS tuvo que sacar adelante y en solitario la aprobación de las ordenanzas fiscales para el próximo año. Un documento que, junto con los presupuestos, marcarán el margen de maniobra del Gobierno municipal para el próximo año y que, no obstante, no convenció a la oposición, ya que el Partido Popular se abstuvo y tanto Partido Andalucista como Izquierda Unida votaron en contra de la congelación de los impuestos para el próximo año y la subida, entre un 2,3 y un 3% de las tasas, “muy por debajo del IPC”, como defendió la delegada municipal de Economía y Hacienda, Inmaculada Muñoz, en una sesión en la que las pugna política colocó al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como protagonista. Y es que desde el Gobierno local aseguran que las ordenanzas fiscales se han diseñado en base a las exigencias del plan de ajuste para el pago de la línea de crédito ICO para proveedores y la subida del IVA. Con todo, Juan Marín, portavoz de CIS y socio del PSOE en el Ayuntamiento de Sanlúcar, cifró en 3,3 millones de euros el déficit soportado por el Ayuntamiento por la prestación de los servicios municipales, ya que “lo que se estima recaudar con la actualización de las tasas no alcanzará los costes que estos servicios tienen para el Consistorio”. El PP rechazó la argumentación del Gobierno local, sugirió bonificaciones para las empresas que contraten a parados de larga duración y anunció la presentación de enmiendas, al igual que el grupo de Izquierda Unida. Por parte del portavoz del Partido Andalucista, las críticas se centraron en el pago de gratificaciones y horas extraordinarias.
“El problema no es que se suban(las tasas)unos céntimos, es que los ciudadanos de Sanlúcar no van a poder pagar nada”, señaló. “Este Ayuntamiento está haciendo todos los esfuerzos posibles”, dijo la responsable municipal en materia económica “pero es evidente que tenemos que repercutir en los ciudadanos el coste de los servicios que prestamos”, apuntó Muñoz anunciando que en el próximo semestre se tendrá el nuevo sistema tributario con la revisión catastral para “hacer más igualitario y más justo” el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
LUZ VERDE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE TRANSFORMACIÓN AGRÍCOLA EN LA ALGAIDA
Otro de los asuntos tratados en el Pleno fue la aprobación provisional del plan especial para la construcción de un centro de manipulación de productos agrícolas junto a la cooperativa Virgen del Rocío de La Algaida, un proyecto que fue aprobado por unanimidad de los grupos y que conllevará, en palabras del portavoz municipal, Víctor Mora, “una repercusión económica favorable, no sólo para la zona sino para toda la ciudad”.
El proyecto comenzó a tramitarse en 2007, aunque el cambio de directiva en la cooperativa paralizó los trámites, lo que suscitó las críticas de la oposición. Una vez aprobado por el Pleno, será remitido a la delegación provincial para su aprobación definitiva. El proyecto supone una inversión de 1,5 millones de euros, de los cuales 1,2 están subvencionados por la Unión Europea.
PROYECTOS DE CIUDAD
A pesar del escenario pintado por los portavoces de los partidos con representación plenaria, en el Pleno se debatieron dos mociones para instar al cumplimiento de varios proyectos de ciudad, como el traslado de la feria con la construcción del Parque de Ocio de Las Piletas o el nuevo parque de bomberos. Ambas mociones, defendidas por el PA, fueron aprobadas por la totalidad de los concejales, si bien durante el debate el equipo de Gobierno apeló a la “responsabilidad” recordando que el plan de ajuste municipal limita las inversiones a un millón de euros al año y, en el caso del parque de Las Piletas, por ejemplo, la aportación es de 1,2 millones de euros.
Por unanimidad se aprobó también la propuesta del grupo municipal socialista para erigir un monumento a los represaliados del franquismo y sobre el fortalecimiento de los bancos de alimentos y mantenimiento del programa europeo de ayuda alimentaria sobre las personas más necesitadas. El Partido Popular rechazó la propuesta de IU relativa a la Ley de Reforma de la Administración Local y la de CIS en relación con la mejora de la calidad educativa, que salió adelante con la abstención de Izquierda Unida en cuanto a la necesidad de llevar a cabo un Pacto de Estado en Educación.
