La concejal del PP isleño, Mª José de Alba, ha denunciado que el gobierno de Patricia Cavada y los andalucistas ha dejado de utilizar una subvención por importe de 92.747 euros concedida por la Junta de Andalucía para “reforzar los Servicios Sociales Comunitarios en el desarrollo de las competencias atribuidas en materia de Dependencia”.
De Alba recuerda que, debido a la saturación que sufre el Ayuntamiento de San Fernando en la tramitación de la Ley de Dependencia, la administración autonómica concedió el 27 de diciembre de 2016 casi 93.000 euros favoreciendo así la contratación de diplomados en Trabajo Social.
Transcurrido un año desde la concesión de esa subvención, PSOE-andalucistas "no ha hecho nada" para aplicar el objetivo de la misma siendo los grandes perjudicados los isleños “que vamos a perder ese dinero y con el la posibilidad de agilizar la actual lista de espera que, en algunos casos, llega a alcanzar los 13 meses de demora”.
A ello se suma la "política de silencio y oscuridad impuesta" por el bipartito Cavada-Fran Romero, tal y como demuestra el hecho de que siguen sin contestar a los requerimientos de los populares para conocer la excusa oficial por este "grave error".
El PP recuerda que la formación ha recibido denuncias de ciudadanos que llevan, en algunos casos, hasta más de un año esperando a que el Ayuntamiento les elabore el PIA, el Plan Individual de Atención, cuando el periodo máximo es de dos meses”. El PIA es, por así decirlo, la parte del trabajo que han de realizar los ayuntamientos en el procedimiento de petición, valoración y determinación de aquellas personas que, por su situación, pueden acogerse a la Ley de Dependencia.
El recorrido que sigue una petición de reconocimiento y peticiones de prestaciones por situación de dependencia se inicia en los servicios sociales comunitarios de los ayuntamientos, donde se solicita la ayuda de la dependencia. De ahí pasa a la Junta para, posteriormente, concertar una cita entre el futuro beneficiario y los valoradores, que tienen que determinar el grado de dependencia.
Su dictamen vuelve a los consistorios, que elaboran un Plan Individual de Atención (PIA) que, de nuevo y en un plazo máximo de dos meses, debe regresar a la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, La Consejería es finalmente la encargada de conceder la ayuda. En total, desde que un ciudadano solicita la dependencia hasta que la recibe no deberían pasar más de seis meses.
Solamente en la parte de todo este proceso que le concierne, el Ayuntamiento de San Fernando está tardando de media más de nueve meses, por lo que es "normal que la ciudadanía comience a mostrar públicamente su malestar".
Ante esta realidad, el gobierno de Patricia Cavada y los andalucistas cesó a las dos trabajadoras sociales que se dedicaban exclusivamente a realizar los PIA, endosando ese cometido a los profesionales de los más que saturados Servicios Sociales Comunitarios.
Mª José de Alba lamentó y exigió explicaciones por la falta de eficacia de este gobierno municipal en la tramitación de aquellos procedimientos que son de su entera competencia, y no precisamente por el trabajo de los técnicos municipales que, una vez más, resulta elogiable y sin cuyo celo y valía profesional la situación pasaría a ser caótica”.
A todo ello se suma el hecho de que no se utilicen los recursos que desde la administración regional se ponen a disposición del Ayuntamiento, “lo que nos parece un gesto de desprecio absoluto de Cavada y los andalucistas hacia los isleños que reclaman la aplicación de la Ley de Dependencia”.
“La falta de gestión y desidia demostrada por el gobierno de Cavada y los andalucistas agravan la situación del sector más vulnerable de nuestra sociedad. Deben dar una respuesta inmediata a esta situación”.
