La alcaldesa de San Fernando ha admitido a trámite el Derecho de Petición interpuesto por Plataforma 3R con el fin de que el Ayuntamiento informe sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) actualizada, en vigor y con el nivel de detalle que la Ley establece y que a día de hoy tiene un coste al contribuyente isleño de 22 millones de euros. Esto es, casi el 31 por ciento de la totalidad del Presupuesto de la ciudad.
“Pues bien, esa ingente cantidad de recursos públicos está soportado por un documento denominado RPT Intranet de fecha 16 de marzo de 2009, una auténtica disfunción democrática, legal, económica y administrativa, ya que vulnera cuatro disposiciones legales”, dice Plataforma 3R en un comunicado.
Este partido sin representación municipal realizó el pasado 7 de julio una petición ordinaria a la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, en la que se le solicitaba la actualización de la RPT, dado el comienzo de mandato y aprovechando sus promesas electorales de Transparencia y Participación Ciudadana.
La petición “no tuvo respuesta alguna, a pesar de la gravedad de este asunto, no sólo en el monto económico sino lo que representa, dado que el empleador del Ayuntamiento de San Fernando es el isleño, al mismo que se le niega la información de en concepto de qué y a quien se le paga esos 22 millones de euros”.
Una vez que Plataforma 3R no obtuvo respuesta consideró necesario requerirlo recurriendo a este instrumento jurídico, el Derecho de Petición, que debe ser ejecutado en un periodo máximo de tres meses desde su formulación y si así no fuere, abriría otros caminos como la tutela judicial efectiva.
Plataforma 3R cree saber cuáles son las preguntas que debe estar haciéndose cualquier ciudadano. Entre ellas, cuáles son las razones por la que se oculta esa información al isleño, al empleador. Cuáles son los motivos para que siga secuestrada ,esa información a la ciudadanía, siete años después y qué opinan los agentes sociales. A eso se une el porqué del silencio de partidos políticos con representación municipal.
3R dice que se trata de una información que varias leyes obligan a que debe estar a disposición del isleño y con un nivel de detalle que llega hasta indicar los complementos de los productores. “La respuesta debe tener un soporte racional que aún desconocemos, pero que debe tenerlo y esta formación política no va dudar en hallarlo. Se trata de dinero público y de información pública con soporte legal, por tanto ni que decir tiene, que no desistiremos en que se ponga a disposición del isleño y de la ciudad de San Fernando esta información”.
