Ya se conoce al menos un fallo sobre el caso, pero no es una sentencia de las que mandan a la cárcel a los ladrones, sino de las que delimitan las responsabilidades contables. Esto es, la sentencia que trata de que los responsables de guardar el dinero de todos respondan sobre su pérdida, pero sin entrar en quién se lo llevó sino en quiénes no supieron o no pudieron impedir que se lo llevaran. Y por ello les pide que lo devuelvan.
El Tribunal de Cuentas ha condenado a los dos funcionarios que se encargaban de la caja de efectivo, Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis, al abono de 7.665.733,92 euros (más intereses), al considerarlos responsables directos de la desaparición.
También considera a los dos ex alcaldes andalucistas, Manuel María de Bernardo y Antonio Moreno, responsables subsidiarios y los condena a pagar 29.250 euros a cada uno, una cantidad inferior a la reclamada por el Ayuntamiento isleño.
La tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero, deberá afrontar el pago de 29.544,65 euros; el interventor actual (y anterior tesorero), José Antonio López Fernández, tendrá que pagar 67.450,72 euros, casi la mitad de lo que le pedía el Ayuntamiento y a su predecesor en el cargo, Rafael Monzón Ristori, se le reclaman 29.779,05 euros.
¿Qué significa este baile de cifras? Pues los dos ex cajeros tienen que pagar todo lo que se perdió, pero si no pagan porque lo normal es que no tengan ese dineral, no lo va a pagar nadie. La responsabilidad subsidiaria que dictamina el Tribunal de Cuentas no es como la que un banco le exigiría al que avala un crédito a alguien y ese alguien no paga ni un recibo, sino que es proporcional al cargo que ocupa y a las responsabilidades inherentes a ese cargo.
Y cualquiera que no sepa de leyes podría pensar que la suma de todas las proporciones debería de ser el cien por cien del dinero desaparecido, pero no es así. Se trata de la responsabilidad que emana de sus complementos salariales por las funciones que realizan y no por la cantidad a que asciende el alcance en las cuentas municipales. Al final serán unos 190.000 euros mal contados los que se recuperarían en el caso de que la sentencia del Tribunal de Cuentas fuera firme. Que aún no lo es y puede haber recursos de los afectados.
Consecuencias políticas
Lo que sí ha habido son consecuencia políticas. O sea, lo que venía pidiendo desde 2009 una plataforma ciudadana que se quedó con las ganas de que dimitiera alguien o que lo hicieran dimitir.
El ex alcalde Manuel María de Bernardo Foncubierta, concejal específico de Desarrollo Sostenible, presentó el martes su renuncia al acta de concejal, no se sabe si voluntaria o inducida. O sea, que haya dimitido o lo hayan dimitido, ya que hay dudas razonables para las dos posibilidades y sobre todo porque el ex alcalde no ha dado a este medio otra opción que la legítima interpretación de las cosas.
De Bernardo envió un comunicado a los medios de comunicación diciendo que iba a recurrir la sentencia y que ha estado todo este tiempo como alcalde y luego como concejal porque quería irse demostrando que no era responsable del desfalco, pero que “no ha podido ser”.
La pregunta que es que si no ha dimitido hasta ahora porque quería demostrar su inocencia y va a apelar para demostrar su inocencia, ¿por qué no espera al resultado del recurso para irse?
La siguiente en la lista electoral andalucista de las pasadas elecciones era Rosario Álvarez Alías, natural de San Fernando, Licenciada en Bellas Artes y Profesora de Instituto, quien fue en el anterior mandato cuarta teniente de alcalde y delegada general del Área de Desarrollo Sostenible.
Sin embargo, el primer secretario del Partido Andalucista de San Fernando, Francisco Romero, señaló que quien ocupará el escaño de Manuel de Bernardo será Antonio Gutiérrez Ramírez, independiente de 56 años, natural de San Fernando y Diplomado en Ciencias de la Educación, además de cargador y cofrade, ante la renunicia de Rosario Alvarez.
De todas formas, todo lo ocurrido no pasa de un episodio más y los 7,8 millones de euros siguen sin aparecer. Sólo se conoce el rastro que han seguido cuatro millones. Pero el rastro que siguieron antes de gastarlos, no el rastro para encontrarlos.
Sobre el juicio penal que ha pasado y sigue pasando por numerosas vicisitudes, no se sabe nada. Sólo que el nuevo fiscal lo ha recomenzado. Y que han pasado más de cuatro años y no hay fechas para la vista. Ni se espera.
