Evitar que familias en situación de especial vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social sean desahuciadas de sus viviendas ya no dependerá exclusivamente de la buena voluntad judicial. Un nuevo protocolo firmado recientemente a nivel autonómico por la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y el Consejo General del Poder Judicial permitirá detectar a través de los Servicios Sociales de los Ayuntamientos adheridos este tipo de casos para evitar que se produzca el lanzamiento.
Así lo ha comunicado esta misma mañana la delegada de la Función Social de la Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rota, Lourdes Couñago, que ha celebrado la firma de este acuerdo de colaboración para la detección de supuestos de vulnerabilidad en casos de lanzamiento de viviendas,y medidas de carácter social, así como para la cesión de datos en los procedimientos de desahucios y ejecución hipotecaria. El citado acuerdo fue rubricado por parte de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en la que está incluido el municipio, y de cuya ejecutiva forma parte el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana.
Lourdes Couñago ha explicado que la inminente adhesión de Rota a este acuerdo "viene a complementar todo el trabajo que se viene haciendo por parte de este equipo de Gobierno en materia de vivienda respondiendo al compromiso adquirido con los ciudadanos de Rota y que se firmó en el pacto de gobierno entre PSOE e IU; una labor en la que se incluye la declaración, ya aprobada, de Rota como Municipio Libre de Desahucios, o las ordenanzas de la función social de la vivienda, que actualmente están en fase de exposición pública".
La delegada recordó que cuando se declaró a Rota como Municipio Libre de Desahucios “hubo expresiones en las que se nos acusó de querer saltarnos a los jueces y ser utópicos. Nunca hemos querido obviar a la justicia, y hemos intentado buscar soluciones”. En este sentido, Couñago explicó que hasta el momento el asunto judicial se solucionaba hablando con la jueza," con un tema de voluntades más que de forma objetiva", pero que con este convenio se sientan unas bases firmes para actuar con medidas concretas en favor de personas con especial vulnerabilidad en materia de desahucios y ejecución hipotecaria.
Gracias a este convenio “se podrá trabajar en red, y contar con un protocolo de actuación en caso de lanzamiento, ya esté derivado por una ejecución hipotecaria o por impago de la renta, y siempre en el caso personas y familias que objetivamente se encuentren en especial situación o exclusión social". La mayoría de los casos que se dan en Rota no son por impago de hipotecas, sino por impago de alquileres, según ha detallado la delegada.
De hecho, a través de este convenio los jueces tendrán acceso a la información que manejan los servicios sociales y podrán, contando con ésta y siguiendo la legislación vigente, suspender, o aplazar el desahucio en los casos en los que así lo estimen oportuno.
La delegada municipal explicó en su comparencia que en este acuerdo “funcionan los tres organismos que trabajan en materia de vivienda: la Junta de Andalucía, con las delegaciones de Vivienda, el Consejo General del Poder Judicial y la Federación Andaluza de Municipios que coordinará todo este trabajo", indicó.
Entre los aspectos que incluye este acuerdo se encuentra informar del código de buenas prácticas bancarias; ayudar a los afectados sobre el acceso a la justicia gratuita; o un nuevo servicio informático, que permitirá, siempre con la autorización de las personas afectadas, el acceso a la información que manejan los Servicios Sociales de los Ayuntamiento sobre las familias más desfavorecidas afectadas por casos de desahucios.
En definitiva, para la delegada de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Rota, este convenio no sólo viene a complementar el trabajo que “venimos haciendo en la localidad en materia de vivienda, sino que también da tranquilidad y un poco de alivio a familias afectadas, ya que ha bajado en un 8%”, concluyó Couñago.
