“Hemos roto el relato”, declaran desde la Plataforma Gambogaz, que reivindica la verdadera historia detrás de la apropiación del Cortijo de Gambogaz por parte del general Gonzalo Queipo de Llano, a quien supuestamente se lo “regaló” Sevilla, y que ahora piden revertir a la sociedad apoyándose en estudios históricos gracias a las leyes de Memoria Histórica.
La plataforma ha presentado una carta en la Delegación del Gobierno central en Andalucía solicitando “que se reúnan con ellos” para mostrarles el proyecto de reversión de la finca a lo público que han redactado, como ha señalado Bonifacio Cañibano, investigador de la plataforma.
Cañibano ha asegurado que conocen todas las “trampas” y “mentiras” llevadas a cabo por el general para obtener la titularidad del cortijo, además de aquellos que colaboraron con él. Gracias a esta investigación, sumada a la ayuda de otros historiadores, pueden “reconstruir todo” lo relacionado con esta parte de la historia mitificada hasta hace no mucho, pues corría la leyenda de que Gambogaz le fue regalado a Queipo por Sevilla, un extremo que en la actualidad “nadie en su sano juicio" defiende, apunta.
La Secretaría de Memoria no ha “tenido tiempo”, hasta ahora, de recibirles, apuntan desde la plataforma, y por eso han solicitado ayuda a “gentes afines”, procedentes de la cultura, las universidades o la política. Son escépticos con la posibilidad de que el Gobierno central tenga en cuenta su propuesta de reversión del cortijo, pero los apoyos que han reunido hacen que se sientan más optimistas.
La Plataforma Gambogaz se creó hace cinco años, tiempo en el que aseguran haberse convertido en “la pesadilla de los amigos de Queipo”, puesto que han logrado crear un “ecosistema de polémica pública”, es decir, que sus reivindicaciones han sido verdaderamente discutidas. También estuvieron presentes ejerciendo presión hasta la exhumación de Queipo de la Basílica de la Macarena, en el año 2022.
El portavoz de Adelante Andalucía en Sevilla, José Ignacio García, ha reclamado que estas demandas no sean un “hecho puntual”, y que desde el Gobierno central y el de la Junta se haga un estudio sobre todas las propiedades “robadas por los fascistas”. Por su parte, Esperanza Gómez, diputada en Sevilla del grupo Por Andalucía, ha señalado que, al no estar destinando suficientes fondos, desde la Junta no se está cumpliendo con la Ley de Memoria Democrática.
