La Guardia Civil no prevé utilizar medidas de fuerza para acceder a los hijos de Juana Rivas, la vecina de Maracena que fue puesta en libertad el pasado martes tras ser detenida por incumplir hace casi un mes la orden de entregar los dos menores al padre, Francesco Arcuri.
Fuentes de este cuerpo armado han informado de que no se contempla ningún tipo de actuación con medidas de fuerza para localizar y entregar a los dos menores, de 11 y 3 años, al padre, como dictó la orden judicial que sigue vigente.
La Guardia Civil mantiene acciones diarias encaminadas a localizar a los niños para hacer cumplir la sentencia que ordena a Juana Rivas entregárselos al padre, con residencia en Italia, pero esas medidas no incluyen ni registros domiciliarios ni otras actuaciones que tendría que acordar la autoridad judicial.
Las mismas fuentes han apuntado además que la Guardia Civil, que el mismo martes se personó en la vivienda de esta vecina de Maracena para preguntar por los menores, tampoco solicitará permisos para poder realizar otro tipo de actuaciones, aunque sí responderá y modificará sus medidas si recibe órdenes de alguno de los juzgados implicados en la causa.
Los dos hijos de la expareja permanecen ilocalizables desde que Juana Rivas incumplió, el pasado 26 de julio, la orden de entregarlos al padre en un punto de encuentro familiar de la Junta.
Esta madre, en libertad provisional, mantiene su condición de investigada por los supuestos delitos de sustracción ilegal de menores y desobediencia a la justicia.
Por otra parte, fuentes de la Fiscalía de Granada han explicado a Efe que siguen estudiando la situación de esta madre y de sus dos hijos para decidir si recurren la decisión del Juzgado en funciones de guardia que acordó su puesta en libertad provisional.
El Ministerio Público, que solicitó el martes el ingreso en prisión provisional para Juana Rivas, podría presentar el recurso de reforma, que no tendría "efectos suspensivos" sobre la situación de libertad provisional de Juana Rivas.
La Fiscalía también puede optar por apelar a la Audiencia de Granada, lo que podría conllevar la celebración de una vista oral a la que se convocara a las partes implicadas.
