El Juzgado de Instrucción 2 de Granada, que instruye el caso de la posible existencia de una supuesta trama corrupta en Granada, ha acogido este jueves la declaración de dos nuevos investigados, dos funcionarios municipales que han defendido su actuación y la interpretación de la norma urbanística que se hace y se ha hecho en el Ayuntamiento de la capital.

   Según ha explicado a los periodistas su letrado, Ernesto Osuna, los dos trabajadores municipales que han comparecido, el jefe de Licencias y el coordinador del área de Urbanismo en el Ayuntamiento, han respondido a todas las preguntas que les ha formulado tanto la titular del Juzgado, Mª Ángeles Jiménez, como la fiscal delegada de Medio Ambiente y Urbanismo, Sara Muñoz Cobo, muchas de ellas en torno a cuestiones puramente técnicas de asuntos que se han remontado a los años 2007 y 2008.

   Con el "ánimo de colaborar con la justicia" y "esclarecer con la mayor celeridad y claridad" todo lo que se investiga por parte del Juzgado, se han mostrado "absolutamente seguros y convencidos" de que su actuación se ha enmarcado en la "más estricta legalidad" y han negado formar parte de trama alguna.

   Preguntado sobre si las preguntas han girado en torno a una forma de actuar por parte de los técnicos del Ayuntamiento, el abogado ha contestado que, más que una forma de actuar, el asunto se deriva de "quejas concretas de personas concretas que se han sentido perjudicadas y que han visto una coyuntura y un momento ideal para ejercitar a través de la justicia unos intereses particulares" que podrían calificarse como "deseos de venganza".

   "Ya se dijo por algunos de los investigados, viendo los temas que se analizan, en los que no puedo entrar, sí veo cierto revanchismo y cierto análisis muy 'sui generis' de las normas urbanísticas para poner en duda la legalidad con el fin de perjudicar a determinados investigados por relaciones particulares entre esas personas que están denunciando y los que están investigados. Yo espero que todo esto se aclare", ha dicho Osuna.

   En su opinión, aunque haya "buena fe" y "celo profesional" por parte de los órganos judiciales, en este caso Juzgado y Fiscalía, las denuncias que han motivado la apertura de la investigación parten de una serie de intereses "distintos a los generales", con "interpretaciones 'sui generis' de la normativa que nunca se han llevado a cabo en la ciudad de Granada" y que ha dado lugar a una "inquisición general de toda la actuación de Urbanismo durante tantos años".

   "Es una cosa absolutamente atípica, pues entiendo que está motivada por eso. Entiendo que hay una buena fe de los órganos judiciales, pero de donde parten esas denuncias entiendo que no hay esa buena fe que sí les presupongo a la Fiscalía y al órgano judicial, tienen un celo profesional que no pongo en duda, pero de donde parten las denuncias sí creo que hay otro tipo de intereses", ha concluido.

   En el caso ya han comparecido un total de diez de las diecisiete personas investigadas. Antes de los dos funcionarios de este martes, un registrador de la propiedad, el empresario y presidente de la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Edificios de Granada (ACP), Enrique Legerén, la apoderada de la empresa de Romero JJ Consulting, el empresario Roberto García Arrabal, el consejero delegado de Casería de San Jerónimo, empleado de Romero, el promotor José Julián Romero, un funcionario ya jubilado del área de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada y otro alto cargo de Urbanismo.

LAS DECLARACIONES CONTINÚAN LA SEMANA PRÓXIMA

   Las comparecencias judiciales continúan el próximo martes 10 de mayo, el 11 y el 12 de este mes, además del 17 --tras el aplazamiento de una de las previstas la semana pasada y la de este pasado martes--. El día 11 será el turno de la secretaria general del Ayuntamiento y la ya exconcejal de Urbanismo, Isabel Nieto, y José Torres Hurtado lo hará al día siguiente. Cada jornada, salvo la del exalcalde, está previsto que comparezcan dos personas, a las 9,30 a 11,30 horas.

   El Juzgado de Instrucción 2 investiga, tras la querella del Ministerio Público, la alteración y modificación presuntamente fraudulenta del concurso-licitación de la concesión administrativa de la parcela de uso deportivo sita en la calle Torre de la Pólvora 35 de Granada que tenía por objeto la ejecución de un pabellón deportivo.

   A las diligencias de Instrucción 2 se acumularon como pieza separada otras del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, incoadas también en virtud de querella de la Fiscalía interpuesta tras las investigaciones efectuadas por presunto delito de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación a las irregularidades en las obras de urbanización del Plan Parcial PP-N2, desviación de un barranco y concesión de licencias de primera ocupación de 300 viviendas, trasteros y garajes del residencial Ciudad de la Luz.

   Asimismo, de las actuaciones llevadas a cabo por el Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Andalucía Oriental y la Brigada Central de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF pueden resultar, según informó en su día la Fiscalía General del Estado, "irregularidades en otros expedientes tramitados por la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada, que se están investigando".

   Torres Hurtado e Isabel Nieto fueron puestos en libertad con cargos el pasado día 13 de abril tras ser detenidos y declarar en la Jefatura Superior de Policía de Andalucía Oriental por su presunta implicación en una supuesta trama corrupta en el área de Urbanismo.

   En las diligencias, declaradas secretas, se están investigando presuntos delitos de cohecho, fraude en la contratación, asociación ilícita, prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, estafa, falsedad en documento mercantil, administración desleal y contra la ordenación del territorio.

   La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional desplegó desde primera hora de la mañana del pasado 13 de abril un dispositivo que incluyó registros en el despacho de la secretaria general del Ayuntamiento, en la Plaza del Carmen; y en la sede de Urbanismo, en la plaza Gran Capitán, de donde la Policía sacó cajas con documentación.

   Asimismo registraron varios domicilios, entre ellos la casa del alcalde, y empresas de Granada. Tras los registros, los detenidos fueron conducidos a la sede policial para declarar. Torres Hurtado, que fue retenido durante unas horas en su casa, con motivo del registro, fue trasladado después al Ayuntamiento y con posterioridad a la Jefatura de Policía.