Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro personas dedicadas supuestamente a facilitar falsos contratos de trabajo a extranjeros en situación irregular en nuestro país con el fin de que estos a su vez pudieran obtener permisos temporales de residencia en nuestro país. A las víctimas les llegaban a cobrar 1.200 euros.
Según informa la Policía en un comunicado, la operación se inició a mediados del mes de marzo tras se alertados agentes especializados en la lucha contra la inmigración clandestina y falsedad documental de las provincias de Córdoba y Granada de la posible existencia de un grupo criminal que se estaría dedicando a suplantar la identidad de dos mujeres de avanzada edad para hacerlas pasar por empleadoras.
Así, sin su consentimiento, realizaban contratos de trabajo a ciudadanos extranjeros en situación irregular con los que estos pudieran obtener autorización para permanecer en territorio español, todo ello de manera fraudulenta, no dudando incluso en falsificar la firmas de las mujeres de avanzada edad para conseguir su fin, añade la Policía.
Una vez establecido el equipo conjunto de investigación Granada-Córdoba, los agentes determinaron que efectivamente existían varias solicitudes de residencia y trabajo de similares características (mismas empleadoras, similares documentos*) las cuales habían sido tramitadas en las subdelegaciones del Gobierno de Córdoba y Granada, dándose la coincidencia de que en todos los casos los trabajos realizados eran como empleados del hogar.
También los agentes comprobaron que los contratos de trabajo, así como diversa documentación aportada en las diferentes subdelegaciones, eran totalmente falsos, dándose la particularidad de que dichos contratos habían sido incluso presentados en la Tesorería de la Seguridad Social, con el objetivo final de poder cobrar en el futuro prestaciones por desempleo.
Por todo ello, y una vez que los investigadores obtuvieron indicios suficientes de criminalidad detuvieron a estas cuatro personas, dos de ellas en Granada y dos en Córdoba, ciudad esta donde residía el presunto cabecilla del grupo, un ciudadano peruano, encargado de la expedición de los contratos falsos, por los que cobraba unos 1.200 euros aproximadamente a cada inmigrante irregular.
A todos los detenidos se les han imputado los delitos de falsedad documental y estafa, logrando los agentes intervenirles falsos contratos de trabajo, falsas memorias descriptivas y de justificación de empleadores, solicitudes de autorización de residencia y trabajo en diferentes subdelegaciones del Gobierno, documentación tributaria de empleadores, certificados de empadronamiento, documentación de identidad de empleadores y diversa documentación de interés policial.
La Operación, denominada 'Adamuz', ha sido desarrollada por la Brigada las Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Córdoba y Granada.
