La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada acoge el próximo 25 de febrero el juicio contra 50 acusados de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y a la Seguridad Social cerca de un millón de euros en prestaciones y subsidios por desempleo, hechos por los que los procesados se enfrentan a penas de entre tres y nueve años de prisión.
Concretamente, la Fiscalía de Granada atribuye tres delitos de fraude de subvenciones, referidos a los años 2007, 2008 y 2009, a nueve de los inculpados, los considerados cabecillas de la trama, por el que cada uno de ellos se enfrenta a nueve años de cárcel y multas de un total de 1,5 millones de euros, o, alternativamente, a seis años de condena y multas de 3.600 euros por posible estafa agravada en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial.
Para los 41 procesados restantes, los trabajadores contratados de forma presuntamente fraudulenta, el fiscal pide penas de tres años de prisión y multas de 3.600 euros por un delito continuado de falsedad en documento oficial o, de manera alternativa, estafa en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento oficial.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, el principal imputado, Emilio S.R, puesto previamente de acuerdo con diversos miembros de su familia y entorno, entre ellos su esposa, su hermana, su madre y su cuñada, "urdieron un plan directamente encaminado a conseguir de manera fraudulenta y mediante engaño" la obtención de las prestaciones y subsidios por desempleo mediante la creación de un entramado de sociedades con la finalidad de defraudar al Servicio Público de Empleo Estatal y a la Tesorería General de la Seguridad Social a cambio de una cantidad de dinero no determinada que, en cada caso, era entregada por el supuesto trabajador.
Para ello, el procesado y su familia, también acusados, se valieron de dos personas interpuestas, de otro de los inculpados, sin profesión y dedicado a la recogida de chatarra, y de un toxicómano, también imputado, y con fecha 13 de diciembre de 2005 y 22 de octubre de 2004 procedieron a dar de alta a estos como empresarios individuales, a través de las razones sociales de dos empresas del sector de la construcción "sin actividad real, ilocalizables, sin domicilio social y fiscal real, sin centro de trabajo y sin los medios materiales necesarios para prestar los supuestos trabajos".
Seguidamente, los encausados, "simulando íntegramente una relación laboral inexistente", y "conociendo que nunca iban a ser prestados los trabajos", tramitaron en la Seguridad Social numerosas altas de trabajadores previa elaboración del correspondiente contrato de trabajo ficticio que era presentado ante el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), manteniendo a los trabajadores en esta situación de alta laboral "durante el tiempo suficiente para poder acceder a las prestaciones y subsidios por desempleo y sin abonar nunca las correspondientes cotizaciones a la Seguridad Social".
A continuación "simulando igualmente" el cese en la relación laboral, los acusados presentaron ante el SPEE la documentación necesaria para la consecución de su objetivo, de forma que obtuvieron y les fueron abonadas las prestaciones y subsidios por desempleo, logrando defraudar un total de 345.601,74 con una de las empresas, con el alta de 78 trabajadores, y con la otra 607.512,86, con 103 solicitudes de altas.
Los empleados, puestos de común acuerdo con Emilio S.R y su familia, elaboraron documentos de trabajo ficticios que después se daban por finalizados para presentar la correspondiente solicitud de subsidio de desempleo y conseguir cantidades que rondaron entre los 2.000 y los 13.000 euros.
