Una de las primeras decisiones que ha tomado Jorge Rodríguez, alcalde de Trebujena y coordinador provincial de IU, tras asumir la presidencia del Consorcio de Aguas es establecer un calendario de reuniones con el comité de empresa, que se inicia este jueves. La disputa entre los representantes de los trabajadores y el anterior responsable del ente, el primer edil de Sanlúcar, Víctor Mora, del PSOE, por el premio de jubilación que reclaman los sindicatos marca la agenda, pero Rodríguez quiere centrar el debate: el objetivo es recuperar empleo perdido, elaborar la RPT y mejorar la calidad de un servicio público que “no tiene riesgo de privatización”, como ha denunciado Marea Azul.

IU sucede al PSOE al frente de la presidencia del Consorcio de Aguas. ¿Cómo ha sido capaz de lograr el 70% de los apoyos? 

–El Consorcio nunca se ha tratado como un órgano político. Ha habido presidencia del PP con vicepresidencia del PSOE y presidencia del PSOE con vicepresidencia del PP. Ahora se ha dado una situación que puede ser un poco sorpresiva por la dimisión de Víctor Mora, pero los representantes de AxSí, PP, PSOE, IU, Cádiz, han depositado su confianza en mí por la experiencia porque llevo más de una década en el ente y para darle continuidad al trabajo que venía desarrollándose.

¿En qué situación económica y financiera se encuentra el Consorcio?

–No tiene problemas de tesorería, ni de liquidez, no tenemos ni un solo préstamo a día de hoy, las cuentas están saneadas. El principal problema que tiene este Consorcio es que gestiona el agua en alta para un millón de gaditanos y tiene infraestructuras de un valor multimillonario. Cualquier obra pequeña que hagamos puede costar ocho o diez millones de euros y el presupuesto del ente está en torno a los 14 o 15 y prácticamente el 70% se destina a gasto corriente. A la hora de mantener las infraestructuras y hacer inversiones es necesario obligatoriamente el apoyo de Junta de Andalucía y Estado, o contar con fondos europeos, y no se pueden hacer de la noche al día, es necesario un planteamiento a medio y largo plazo.

Pese a la solvencia económica y financiera, ¿no se puede asumir el premio de jubilación que reclama el comité de empresa?

–No es que sea imposible de asumir, lo complicado es el encaje legal porque se ha derogado muchísima normativa laboral. Hemos acordado un calendario de reuniones con el comité de empresa pero hay que abordar los problemas del Consorcio en su conjunto, no solo la parte económica, como la reposición de los puestos de trabajo que se han perdido, la renovación de la plantilla porque la edad media de los trabajadores está por encima de los 55 años y la situación del personal que no es fijo y que tiene cierta incertidumbre sobre su continuidad.

Mientras sea presidente, y tengo el apoyo de la asamblea, no hay riesgo de privatización del Consorcio”

Víctor Mora dimitió por la disputa con el presidente del comité de empresa, al que recomendó que también renunciara a su cargo. ¿Sigue siendo el interlocutor?

–Los trabajadores son los que deciden quiénes les representan. Nuestro mecanismo de interlocución va a ser siempre el comité de empresa.

¿Hay señades de que se va a rebajar la tensión? ¿Existe disposición a negociar?

–Al comité de empresa le preocupaba la falta de interlocución con el Consorcio y han  visto como algo positivo que haya hecho un calendario de reuniones. Vengo de aprobar una relación de puestos de trabajo (RTP) y un mecanismo de estabilización en el Ayuntamiento de Trebujena. Espero que eso también sea posible aquí. Hay que mejorar la vida de los trabajadores, pero este Consorcio y sus trabajadores deben pensar también en garantizar el suministro en condiciones de calidad a los ayuntamientos y usuarios.

¿Qué más hay sobre la mesa de negociación?

–El proceso de estabilización de los trabajadores y el convenio colectivo, que tiene once años de vigencia. Y, sobre todo, la oferta pública de empleo y la recuperación de los puestos de trabajo. En los últimos diez años, se ha perdido más de un 20% de la plantilla. Mi compromiso es poder garantizar la recuperación de esos puestos porque es una necesidad imperiosa para garantizar descansos y las horas efectivas de trabajo.

¿Por qué es clave para el Consorcio contar con  la RPT por primera vez?

–Es clave porque es el instrumento que tiene la Administración para valorar las competencias, las funciones y las obligaciones que tienen los trabajadores y cómo se retribuyen. Igual que es clave el mecanismo de estabilización para que un trabajador que lleve como personal eventual ocho, diez, quince años, tenga medianamente garantizado su futuro.

Tenemos que abordar el proyecto para Atlanterra con la Junta; no nos vamos a saltar a piola la legislación”

¿Le preocupa la salida del Gobierno de Juanma Moreno del ente?

–No me preocupa tanto porque tampoco es tan necesaria la aportación que hace la Junta. Me preocupa el mensaje político que se está dando de no creer en algo tan importante como esta institución. El Consorcio nace del acuerdo entre el Gobierno, la Junta y los ayuntamientos, de todas las administraciones. Como socio fundador, la Junta tiene competencias en infraestructuras hidráulicas. Así que  si es una cuestión económica, dejamos la cuestión económica, pero la Junta debe sentarse con nosotros en el comité directivo y planificar con los ayuntamientos las infraestructuras que son necesarias en nuestra provincia porque eso también es competencia de la Administración autonómica.

De hecho, la Junta tiene un papel importante en la obra para garantizar el suministro en Atlanterra. Pero Ecologistas en Acción advierte de que la ley no lo permite.

–Me hago eco de la denuncia de Ecologistas en Acción, pero no deja de ser una denuncia pública en los medios de comunicación. Tenemos que abordar ese tema con la Junta porque, como he dicho, es el órgano competente que tiene que dar luz verde y el que va a financiar la infraestructuras necesarias que son de su competencia. Pero que no quepa duda de que este Consorcio va a cumplir escrupulosamente con lo que establezca la legislación vigente.

El alcalde de Tarifa dice que la Junta está involucrada, el Consorcio redacta ya el proyecto y lo ha incluido en presupuestos. ¿No han valorado previamente si efectivamente la infraestructura cumple con la legislación?

–El Consorcio redacta el proyecto porque es de su competencia y es de lo poco que nos ha pedido la Junta porque somos conocedores de las infraestructuras y de dónde tiene que venir el agua. Pero como he dicho antes, vamos a cumplir escrupulosamente lo que dice la ley, el Consorcio no se va a saltar a piola ningún precepto legal, entre otras cosas, porque la Administración pública tiene que velar por el cumplimiento de la normativa. Entiendo qu este proyecto lleva también un trámite ambiental y un desarrollo urbanísitco a los que se pueden presentar alegaciones y tienen que ser contestado por el órgano que les competen, Ayuntamiento de Tarifa y Junta.

Por último, la Marea Azul advierte, coincidiendo con su nombramiento, el riesgo de la privatización del servicio del agua. ¿Existe tal riesgo?

–El ciclo integral del agua siempre está en amenaza porque hay empresas multinacionales cuyo objetivo es hacerse con el oligopolio de la gestión privada, por decirlo de alguna manera. Sería un negocio multimillonario. Pero mientras que yo esté aquí de presidente, y me consta que tengo el apoyo mayoritario en este tema de la asamblea, no va a haber ningun riesgo de privatización. El agua es un derecho humano y no se puede convertir en un negocio. Tenemos experiencias en esta provincia donde se pagan hasta cuatro o cinco veces de diferencia en el recibo pese a que se consume el mismo agua. Cómo es posible esa diferencia abismal. Me parece un auténtico atropello.