La Junta de Andalucía ha dado luz verde al proyecto hotelero de Inmobiliaria del Sur (Insur) en Atlanterra. El delegado territorial en Cádiz de Desarrollo Sostenible, Daniel Sánchez, suscribió el pasado 28 de julio la resolución por la que se otorga la autorización ambiental unificada para el proyecto de urbanización del estudio de detalle Unidad de Ejecución de la U.A-1, donde se ubicaba hasta 2002 el Zahara Atlanterra, y lugar en el que se prevé levantar un establecimiento con 500 habitaciones en primera línea de playa. Movimientos ecologistas y vecinales han mostrado su rechazo al proyecto porque, advierten, no hay recursos hídricos suficientes para atender el desarrollo urbanístico de los últimos años y futuro.
El documento suscrito por el delegado territorial de Desarrollo Sostenible despacha este asunto apuntando que “el suministro de agua previsto procederá de la red pública de agua potable de las instalaciones del Servicio Municipal de Aguas de Tarifa a ejecutar, que abastecerá al SA-1 Cabo de Plata (donde la inmobiliaria Grupo Q tiene intención desde el año 2008 de construir una macrourbanización, con hasta mil viviendas, y un campo de golf) y al ARI-AT-01 y que tiene su origen en el recurso hídrico disponible de la presa de Almodóvar y de los manantiales de la localidad en condiciones de potabilidad y sanidad adecuadas”.
La Asociación de Vecinos de Atlanterra recuerda, al respecto, que el complejo se abastece de tres pozos, ubicados en la Finca de la Obscuridad, en la carretera entre Barbate y Vejer, que no pueden suministrar agua las nuevas áreas de desarrollo. De hecho, la asociación ya denunció en febrero de 2019 unas obras de instalación de una nueva canalización de agua potable desde la avenida Cabo de Plata hasta las nuevas viviendas situadas en el sector SA-1 Cabo de Plata, que también desarrolla el Grupo Q, y que obligó a actuar al Seprona y la Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible.
Otro pozo, identificado con el código 062.2.S.20, da servicio a Tahivilla y los restantes manantiales (062.2 M28, 062.2 M29, 062.2 M30 y 062.2 M31) son de titularidad de Tarifa, pero los explota la empresa municipal de Aguas de Algeciras S.A. (Emalgesa). Solo uno (062.2.M 24) es gestionado por FCC Aqualia para abastecer a la localidad al 50% con el pantano de Almodóvar. En cuanto al embalse, la Asociación de Vecinos de Atlanterra sostiene que no cuenta con capacidad suficiente para cubrir la demanda de 208 metros cúbicos al día en la unidad de gestión y apunta que la conexión, en cualquier caso, deberá ser sufragada por la Junta de Compensación, con un presupuesto de 900.000 euros, de acuerdo a un informe de intervención, refiriéndose al polémico Plan Especial de Infraestructuras.
“Es la solución más rápida y menos costosa”, aseguraba a Andalucía Información el alcalde, Francisco Ruiz, el pasado mes de mayo. Pero el primer edil admitía, no obstante, que lo conveniente sería completar el abastecimiento al núcleo de Atlanterra a través del Consorcio de Aguas de Zona Gaditana, en la línea de lo expresado por el entonces delegado territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio Ángel Acuña para la Secretaría General de la Consejería, “dada la limitada capacidad del embalse de Almodóvar y al importante aumento del consumo previsto tras la incorporación de la urbanización Atlanterra al sistema de agua regulada de Tarifa para poder así garantizar el aumento del suministro al conjunto del territorio”. La misma tesis mantiene el secretario general provincial, Juan Gervilla, y así se recoge en el acta de recepción de parte de Atlanterra por parte del Ayuntamiento, en la que FCC Aqualia se compromete “a procurar y disponer del suministro que fuera necesario, a cuyos efectos pone de manifiesto que le consta la disposición del Consorcio para suministra el agua que fuera necesaria para atender las necesidades de la urbanización”. El regidor incluso admitió contacto con el ente que no han terminado de cuajar.
Por otro lado, el Ayuntamiento ha desestimado las alegaciones presentadas al Plan Especial de Infraestructuras a principios de agosto, sin atender las advertencias de la Asociación de Vecinos de Atlanterra, la Plataforma Ciudadana Somos Tarifa, la Asociación de Propietarios de Atlanterra y Agaden-Ecologistas en Acción sobre el problema del agua. La Asociación de Vecinos de Atlanterra lamenta que el Gobierno local apueste por un modelo que no es sostenible, “una cortina de humo para seguir dando licencias de obras y continuar con la construcción hasta que el acuífero de Barbate se termine agotando pese a sus 33 hectómetros cúbicos que tiene”.
Igualmente, alertan, condena a que los propietarios sufran cortes de agua con regularidad. En el verano de 2019, los vecinos de la urbanización de Atlanterra y los residentes en las zonas rurales del Almarchal, La Tahona y La Zarzuela se movilizaron a mediados de julio para protestar por el escaso caudal de agua que llega a sus viviendas y las reiteradas interrupciones de suministro. Este, solo el coronavirus ha impedido nuevas protestas. Pero a mediados de agosto era prácticamente imposible conseguir una cuba de agua cuando del grifo no salía absolutamente ni una sola gota.
Investigan vertidos ilegales
La Delegación Territorial de Desarrollo Sostenible ha elevado informe al departamento de sanciones por posible incumplimiento del condicionado de la autorización de vertidos concedida en su día al Ayuntamiento de Tarifa. La investigación parte de una denuncia presentada en la Delegación Territorial por la Asociación de Vecinos de Atlanterra, a principios de septiembre de 2019, por presuntos hechos ilícitos por el Ayuntamiento de Tarifa al “continuar vertiendo sus aguas residuales en lugares de la montaña de la zona de Atlanterra que acaban en los cauces del arroyo del Moral, río Cachón y otros”.
El 20 de noviembre, agentes de Medio Ambiente se desplazaron a la zona e informaron de que no existían vertidos en el arroyo del Moral ni malos olores que pudieran advertir de alguna incidencia anterior.
La asociación reiteró su denuncia un mes después y la Delegación Territorial reclamó información al Ayuntamiento en febrero que no ha facilitado. El 24 de julio, el Departamento de Calidad Hídrica realizó una nueva visita y localizó al menos tres puntos de vertido operativos que no coinciden con las coordenadas del punto de vertido autorizado, de manera que ahora la Delegación Territorial procede a la valoración del informe y posible incoación de expediente sancionador.
