Un día después de que De Cospedal hiciera públicas las sospechas del PP de que dirigentes del partido no relacionados con los sumarios abiertos por corrupción son objeto de escuchas telefónicas ileales, la polémica continuó.
El PSOE instó de nuevo a De Cospedal acudir a los tribunales o “abandonar la política”, dada la gravedad de la acusación, y jueces y policías han negado las acusaciones y garantizaron que en España todas las escuchas se hacen con autorización judicial.
El presidente del Gobierno, que ofreció una rueda de prensa en Lanzarote, donde se encuentra de vacaciones, no quiso analizar las palabras de la número dos del PP, pero le recordó que “afortunadamente”, en España la Justicia funciona conforme a los criterios del Estado de derecho.
Se limitó así a pedir a todos los dirigente populares “sentido de responsabilidad” en sus declaraciones.
Pero el PP insistió y, además de los casos de De Cospedal y de Trillo, señaló al presidente valenciano, Francisco Camps, como otro de los espiados.
Su grupo parlamentario quiere que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, acuda al Congreso para presentar y explicar un informe con los procesos emprendidos contra cargos populares y contra socialistas.
Quieren los populares comparar los casos contra cargos del Partido Popular que “quedan en nada” con los que afectan a miembros del PSOE y de los que “no se hace ninguna clase de aspaviento público”, explicó a Efe el secretario general del grupo, Luis Ayllón.
Ante la actitud del PP, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, acusó al líder de ese partido, Mariano Rajoy, y a Francisco Camps de ser capaces de decir “cualquier cosa para obviar el vendaval de corrupción que asuela al PP”.
Desde la Justicia, el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, opinó que el PP debería poner en manos de los tribunales cualquier “duda que exista”.
“Yo respondo por todos los jueces de España que actúan de forma legal, y las escuchas telefónicas que se puedan haber efectuado, desde el punto de vista judicial siempre son bajo el control de los jueces y magistrados españoles”, afirmó.
Las asociaciones de jueces también pidieron a De Cospedal que pruebe de manera formal las acusaciones presentando una denuncia ante los tribunales o que rectifique sus palabras.
Para el portavoz de la asociación Jueces para la Democracia, Miguel Ángel Gimeno, hablar en los medios de comunicación de un tema tan importante “es una denuncia absolutamente gratuita que mancha a una institución del Estado”, por lo que es necesario que la dirigente popular acuda a los tribunales.
En la misma línea, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, estimó que la referencia de De Cospedal a un “Estado policial” es de una “gravedad inusitada” y el portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, Marcelino Sexmero, tachó las palabras de la dirigente popular de “torticeras” y “falsas”.
También respondieron los policías, que, a través de sus sindicatos, negaron la participación de cualquiera de los agentes en escuchas telefónicas ilegales, es decir, sin autorización judicial.
Sospechas del PP
Las sospechas del PP son que diferentes cargos del partido fueron escuchados por la policía en las últimas fechas, especialmente desde que se destapó el caso Gürtel.
Si bien fuentes de este partido no aclaran qué pruebas les llevan a considerar que De Cospedal puede ser objeto de escuchas ilegales, a pesar de sostener que está “comprobado”, sí se muestran más precisos al argumentar que Trillo tiene el teléfono “pinchado”.
Así, se han remitido a noticias publicadas el pasado fin de semana que informaban de que Trillo habría presionado al magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana Juan Montero para asegurarse de que el auto –que al final archivó la causa contra Camps– no resultara perjudicial para el presidente valenciano.
Según estas fuentes, las conversaciones que tuvo Federico Trillo no fueron con el juez Montero, sino con el abogado Montero que “lleva los pleitos” del Partido Popular en Madrid, por ejemplo, el caso Gürtel.
Los sindicatos policiales niegan que los agentes hagan escuchas ilegales
Los sindicatos policiales SUP, CEP y SPP negaron ayer la participación de cualquiera de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en escuchas telefónicas ilegales porque este tipo de intervenciones deben contar siempre con la autorización de un juez para evitar la vulneración de derechos fundamentales.
Así han respondido los portavoces de estos tres sindicatos a la denuncia de escuchas ilegales a dirigentes del PP que hizo el jueves la secretaria general de ese partido María Dolores de Cospedal en una entrevista con Efe, y a la que han invitado a poner este asunto en conocimiento de los tribunales ante la gravedad de sus acusaciones.
El secretario general del Sindicato Unificado de Policía, José Manuel Sánchez Fornet, no descarta sin embargo que Cospedal se esté refiriendo a “los nuevos elementos tecnológicos de los que disponen los Cuerpos de Seguridad que les permiten interceptar y escuchar las conversaciones que se emiten desde los teléfonos móviles sin dejar ningún rastro”.
“Es verdad que eso pasa, que hay una falta absoluta de control y nosotros apoyaremos que eso se regule” añadió Sánchez Fornet, al animar a la dirigente del PP a denunciar ante los tribunales esas escuchas.
