Las autoridades de Birmania han reconocido que más de 22.000 personas han tenido que huir de sus hogares como consecuencia de la violencia sectaria desatada entre la minoría musulmana rohingya y la mayoría budista en el estado de Rajine.
En los trabajos de evaluación del impacto de los disturbios participan expertos de la ONU que han matizado que muchos de los desplazados se encuentran instalados en malas condiciones en campamentos provisionales, barcos, islas o colinas y necesitan ayuda urgentemente.
En concreto, el responsable de la misión de ayuda humanitaria de la ONU en Birmania, Ashok Nigam, ha explicado que el Gobierno ha informado de 22.587 desplazados --21.700 de ellos musulmanes-- como consecuencia del último rebrote de la violencia, pero ha advertido de que esta cifra podría aumentar. Desde que en junio comenzó la violencia ya son más de 100.000 los desplazados.
"La situación es muy grave y estamos trabajando con el Gobierno para suministrar ayuda urgente a estas personas", ha indicado Nigam, según recoge la cadena británica BBC.
Hasta el momento Birmania ha reconocido que más de 80 personas han fallecido en los enfrentamientos, que han causado la destrucción de pueblos enteros. Defensores de los derechos de los rohingyas denuncian que no se ha tenido en cuenta a los que han huido por mar y que habrían fallecido antes de poder regresar a la costa.
Las autoridades han declarado el toque de queda en las zonas afectadas por la violencia, pero continúa empleando a las fuerzas de seguridad de una forma que activistas de los Derechos Humanos consideran como mínimo inadecuada.
Los nuevos enfrentamientos entre la mayoría budista y la minoría Rohingya, que denuncian su marginación por parte de las autoridades, estallaron el pasado domingo en Minbya y se extendieron rápidamente a Mrauk U, Kyaukphyu y Myebon en los días sucesivos.
Aunque los enfrentamientos entre ambos grupos son habituales, se recrudecieron el pasado mes de mayo, a raíz de la detención de tres hombres musulmanes acusados de violar a una mujer budista. Dos de ellos fueron ejecutados y el tercero se suicidó.
La violencia étnica es uno de los muchos retos que afronta el Gobierno de Thein Sein, quien accedió al poder en marzo de 2011, después de décadas de régimen militar que llevaron a Birmania al ostracismo internacional.
Desde entonces, ha llevado a cabo una serie de reformas política, entre las que destacan la promoción de un diálogo de paz entre las minorías étnicas, la liberación de cientos de presos políticos, la legalización de los sindicatos y la flexibilización de la censura mediática.
