Así lo han confirmado a Efe fuentes jurídicas, que han señalado que durante esos cuatro días los dos técnicos de mantenimiento, los dos pilotos y los cuatro ingenieros aeronáuticos que han elaborado el informe explicarán ante el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid, Juan Javier Pérez, sus conclusiones.
La pasada semana, diversos medios de comunicación adelantaron que el citado informe pericial, que tiene cerca de 600 páginas, concluía que fueron varias las causas que provocaron, de forma simultánea o secuencial, la mayor tragedia aérea española de los últimos veinticinco años.
Al igual que ya aseguró el pasado verano en uno de sus informes preliminares la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), los expertos designados por el juez han destacado que el despegue se realizó con una configuración inapropiada y no aprobada, al estar los "flaps" y los "slats" totalmente retraídos.
El informe de los peritos apunta otras causas para que se produjera la catástrofe, como la de que el personal de mantenimiento no identificó la causa de la avería por la que el avión regresó al hangar tras un intento de primer despegue después de que se detectara un fallo en el calefactor de la sonda de temperatura (RAT).
La documentación de que disponían los técnicos de mantenimiento podía inducir a error, afirman también los expertos sobre el manual de equipamiento mínimos (MEL) de Boeing, fabricante del avión siniestrado.
Además, falló el sistema de advertencia de configuración inadecuada para el despegue (TOWS) y no alertó a la tripulación de la configuración inapropiada.
El pasado mes de abril, el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) ratificó también ante el juez su informe y su abogado, Javier Nart, anunció que pedirían al juez que se amplíen las imputaciones por el accidente.
Por su parte, la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 presentó el pasado día 5 al magistrado un nuevo informe encargado a un perito francés experto en accidentes aéreos, ya que también investigó el siniestro del Concorde que se estrelló el 25 de julio de 2000, tras su despegue del aeropuerto parisiense de Roissy-Charles de Gaulle.
Hasta el momento, el juez mantiene imputados en la causa a dos técnicos de mantenimiento de Spanair.
