Así consta en el escrito remitido ayer por el fiscal al juez, en el que estima procedente que, antes de resolver sobre la admisión de las querellas presentadas por la Liga Española pro Derechos Humanos y el hermano del fallecido contra el ministro del Interior marroquí, Taib Cherkaui, y el gobernador de El Aaiún, curse una comisión rogatoria a Marruecos para comprobar si existe alguna investigación.
El representante del Ministerio Público Pedro Martínez considera los hechos ocurridos tras el desalojo de un campamento saharaui en la capital administrativa del Sáhara Occidental constitutivos de un delito de lesa humanidad.
Argumenta el fiscal esta posición en que las circunstancias descritas en las querellas, “unida a los antecedentes históricos, permiten afirmar en este momento y sin perjuicio de una ulterior información más completa” que los hechos podrían incurrir en el citado delito.
Según explica, “la actuación policial se dirige contra un colectivo muy determinado asentado en una localización concreta, colectivo que reúne los requisitos para considerarlo grupo nacional o étnico a los efectos indicados”.
Además, sostiene que la operación policial “al menos aparentemente, no tiene otra finalidad que suprimir” el asentamiento saharaui.
