En la polémica sobre si los desbarres del diputado de ERC Joan Tardá en el 30 aniversario de la Constitución deben tener consecuencias, yo lo tengo muy claro: lo que no puede es no tenerlas. No debería no tenerlas. Por supuesto que debe tener consecuencias, legales y políticas. Y tengo igual de claro que si no las tiene será, o por puro corporativismo entre los políticos, o por las conveniencias partidistas del momento, o por cualquier otra razón totalmente ajena a la ley y a la igualdad con que a todos debe medirnos ese rasero en un Estado de Derecho digno de ser llamado así, Estado de Derecho.

A modo de disculpa, para pasmo de muchos, el presidente del Congreso, José Bono, ha dicho que este diputado de ERC es muy “emotivo” y “primario” y poco “reflexivo”... Pero en vez de una disculpa, a mí esto me parece un agravante en referencia a un diputado nacional. Alguien incapaz de respetar las ideas contrarias a las suyas hasta el extremo de aprovechar el día en que todos celebramos la Constitución que los españoles nos dimos hace treinta años mayoritariamente... para “enterrarla” físicamente en un ataúd negro en un acto entre gritos de “¡muera...!” -¿o habría que llamarle aquelarre?- ante las juventudes de su partido, no incita a la convivencia sino al odio. Y de eso ya tuvimos en tiempos menos felices de los que ahora disfrutamos.

Legalmente: alguien que acaba un acto político al grito de “muerte al Borbón” no está pensando, diga lo que diga ahora ERC, en Felipe V, sino en el actual Jefe del Estado, D. Juan Carlos de Borbón. Y no está “haciendo política”, ojo. Algo así no entra ni con calzador dentro de la inmunidad parlamentaria que tienen los representantes legítimos de los ciudadanos, entre ellos los diputados, para que nadie coarte su libertad ideológica, política o de expresión. Desear la muerte a alguien, con apellido incluido, es incitar a que le maten, sea el Rey o el más humilde de los ciudadanos.