La Fiscalía se opuso ayer a que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sea suspendido de funciones mientras el Tribunal Supremo (TS) tramita varias querellas contra él, al entender que esta medida iría contra la “independencia e inamovilidad” necesarias para que un juez ejerza su labor.

Así lo expone el Ministerio Público en el informe que le había sido solicitado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras la admisión a trámite por parte del Supremo de dos querellas contra el magistrado y que ahora será estudiado por la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces.

El Alto Tribunal investiga a Garzón por declararse competente y abrir una causa sobre los crímenes del franquismo, por los cobros recibidos durante su estancia en la Universidad de Nueva York y, desde el jueves, por ordenar intervenir las comunicaciones entre varios de los imputados del caso Gürtel que estaban en prisión.

En su informe, la Fiscalía considera “contrario a la lógica jurídica” que la suspensión cautelar de funciones de un juez sea concebida “como de aplicación automática” a todos aquellos magistrados afectados por la admisión a trámite de querellas interpuestas contra ellos.

El Ministerio Público argumenta su tesis citando jurisprudencia del propio Tribunal Supremo, que en una sentencia de octubre de 2009 estableció que la suspensión de un juez por parte del CGPJ “no es consecuencia de la admisión de la querella”.