El ediles del PP en el Ayuntamiento de Málaga Francisco Pomares y Teresa Porras, junto al gerente de Urbanismo, José Cardador, están citados a declarar como investigados la próxima semana en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital en relación con supuestas "injerencias políticas" en expedientes de infracciones urbanísticas, en concreto en la promoción Villas del Arenal.
Estas tres comparecencias están previstas para el jueves 25 de abril y son las primeras que se practican dentro de este procedimiento judicial, que se inició en el juzgado en febrero. Así, Pomares está citado a las 09.30 horas, Cardador a las 11.00 horas y Porras a las 12.30 horas.
La semana siguiente comenzarán a declarar los testigos, en concreto cinco el día 30 de abril, entre ellos los tres excargos de Urbanismo que pusieron de manifiesto estas presuntas irregularidades en la comisión municipal de investigación; y otros cuatro el 7 de mayo.
El procedimiento se inició tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía malagueña en la que pedía que se investigaran posibles delitos de prevaricación por omisión, tráfico de influencias, falsedad en documento oficial y malversación ante las manifestaciones de exjefes de urbanismo en la comisión municipal de investigación sobre expedientes de infracciones urbanísticas.
Estos excargos indicaron en la comisión, y con posterioridad lo ampliaron ante el fiscal, que la "injerencia política" comenzó con la llegada del edil Pomares y el gerente, José Cardador, relatando que las acciones que le encomendaban hacían "sumar y dilatar tiempos" en el expediente de Villas del Arenal; aludiendo a que comenzaron a recibir instrucciones por parte de los dos anteriores y Porras sobre las resoluciones de los expedientes y a que se creó un equipo 'b'.
El grupo municipal de Ciudadanos --al que se unieron luego PSOE y Málaga para Gente-- llevó esas manifestaciones a la Fiscalía, que inicialmente abrió unas diligencias de investigación, tomando declaraciones a esos ex altos cargos, y posteriormente presentó la denuncia ante el juzgado. Además, dentro del ministerio público será la especialidad de Anticorrupción la que asuma la competencia.
