El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empresa, José Sánchez Maldonado, ha garantizado que su departamento llevará a cabo "todos los controles necesarios para velar por el cumplimiento efectivo de todas las condiciones inherentes a las ayudas otorgadas" a Isofotón, empresa malagueña dedicada a la construcción de placas solares inmersa en un expediente de regulación de empleo (ERE) extintivo que afecta a la práctica totalidad de su plantilla.
Así lo asegura Sánchez Maldonado en una respuesta parlamentaria por escrito a la diputada de IULV-CA por Málaga María Dolores Quintana, que se interesaba por conocer si la Junta tiene "incentivos pendientes de liquidar" con Isofotón por "la situación de los vencimientos de los avales bancarios y créditos participativos en los que la Junta ha participado".
En la contestación, a la que ha tenido acceso Europa Press, el titular de Economía recuerda que la Consejería, tras tener conocimiento del plan de reestructuración presentado por Isofotón en enero, advirtió a la empresa "de las obligaciones de pago, de los posibles incumplimientos y le requirió información para analizar la situación".
Poco después, en marzo, la Junta requirió, a través de la agencia IDEA, requirió a Isofotón el reintegro de un préstamo reembolsable de 8,4 millones de euros concedido en agosto de 2012 "vinculado a un proyecto de inversión de 40 millones que, entre sus condiciones, comprometía el mantenimiento del empleo", recuerda Sánchez Maldonado.
"MÚLTIPLES REUNIONES SIN LOGROS RELEVANTES"
Según el consejero, entre los meses de marzo y mayo se mantuvieron "múltiples reuniones entre Isofotón e IDEA para valorar las distintas vías de solución a la situación de la empresa sin logros relevantes" y sin que las "actuaciones por parte del Gobierno andaluz hayan evitado que la empresa haya aplicado un ERE extintivo y que el Juzgado número 2 de Málaga haya declarado a Isofotón en concurso voluntario de acreedores".
Por último, Sánchez Maldonado recuerda que la Consejería puso el 26 de julio en conocimiento de la Fiscalía "el hecho de que la empresa
había abandonado el proyecto que se había financiado con el préstamo reembolsable, por si este hecho constituyera algún ilícito penal" y garantiza que desde su departamento "llevaremos todos los controles necesarios para velar por el cumplimiento efectivo de todas las condiciones inherentes a las ayudas otorgadas".
