El Ayuntamiento ha adjudicado por un precio de 50.000 euros la finca de la calle Molino de Viento 7 mediante procedimiento de venta forzosa para la sustitución de propietarios incumplidores del citado inmueble, incluido en el Registro Municipal de Solares y Edificaciones Ruinosas. La parcela tiene una superficie de 549 metros cuadrados y está sin edificar y es la tercera que se adjudica mediante este proceso, después de las fincas de las calles Honsario 15 y Puerto 5.
De esta forma, la Delegación de Urbanismo, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, “culmina un nuevo expediente de venta forzosa, dando cumplimiento a los objetivos del Gobierno de regenerar y recuperar espacios degradados del centro histórico”, en palabras del teniente de alcaldesa de Urbanismo, José Antonio Díaz.
Tal y como ha subrayado, “adjudicamos una nueva finca abandonada, en este caso situada en el emblemático barrio de San Miguel, haciendo firme nuestro compromiso con esta parte de la ciudad, que demandaba este tipo de actuaciones contra propietarios que incumplen sus deberes urbanísticos de edificar, rehabilitar o conservar fincas ruinosas o en solares en desuso”.
Como ha recordado, “desde el Gobierno estamos llevando inversiones importantes en el centro histórico que están estimulando la iniciativa privada con actuaciones de recuperación y rehabilitación de inmuebles, generando de esta forma sinergias que contribuyen a dinamizar actividad económica y empleo”, ha subrayado el teniente de alcaldesa de Urbanismo.
Formalización de contrato
El siguiente paso será la formalización del contrato con la adjudicataria de la finca mediante la correspondiente acta de pago y ocupación en el plazo máximo de 90 días, tras lo cual, el adjudicatario ya será propietario del inmueble y, como tal, tendrá un plazo de cuatro meses para presentar la solicitud de licencia y dar cumplimiento a sus deberes urbanísticos.
Cabe recordar que la parcela de la calle Molino de Viento 7 es un solar sobre el que había prevista una promoción de viviendas en el año 2007, cuya ejecución quedó paralizada por la crisis inmobiliaria y que fue adquirido finalmente por una entidad bancaria, sin que ésta procediera al cumplimiento del deber de edificación sobre la misma.
Esta actuación del Ayuntamiento, cuya legalidad fue refrendada por los Tribunales de Justicia, es una más de las previstas para evitar la especulación de suelo en la ciudad y facilitar la rehabilitación y repoblación del centro histórico.
