El Ayuntamiento de Jerez ha presentado denuncia por la vía penal en los juzgados de Instrucción contra dos funcionarios municipales a quienes sitúa en la cúspide de una “presunta trama de espionaje político” de la que supuestamente se habría estado beneficiando el PP desde el año 2017.
La presentación de esta denuncia es consecuencia de la investigación que se abrió meses atrás en el propio Ayuntamiento para esclarecer el acceso irregular de estos dos funcionarios a más de 4.500 documentos.
La teniente de alcaldesa de Recursos Humanos, Laura Álvarez, ha advertido de que los hechos trasladados al juzgado “son mucho más graves” de lo estimado inicialmente, dado que implican “una subversión de las reglas del juego democrático” con el propósito de “beneficiar a un partido político”.
Según Álvarez, la presenta trama se despliega “para monitorizar la acción” del Gobierno local, un “mecanismo de guerra sucia” que representa “un auténtico escándalo” por tratarse de “prácticas ilegales” que vienen a “contaminar” la política local.
Hay que recordar que una de las funcionarias investigada es “militante activa del PP” e integraba la candidatura con la que esta formación política concurrió a las pasadas elecciones municipales.
Esa consulta irregular de documentación posibilitaba que el PP conociera “las líneas en las que trabajaba el Gobierno municipal”, lo que a su vez le “permitía adelantarse” a la propia acción y “proporcionar” incluso información a colectivos ciudadanos, a quienes podía trasladar esa gestión “como si hubiera sido realizada por ellos”.
Pero además, la investigación ha determinado que desde 2017 se ha accedido a expedientes de licencias de obras, reclamaciones de ciudadanos por caídas o procedimientos de contratación en los que se podían conocer las ofertas económicas de las empresas licitadoras.
Laura Álvarez entiende por tanto que la trama podía tener un segundo objetivo que pasaría por “facilitar información a terceros”, bien “por intereses” de la propia funcionaria investigada o del PP.
La investigación llevada a cabo a nivel interno ha puesto de manifiesto que uno de los funcionarios facilitaba de manera regular su contraseña personal para que el segundo pudiera acceder al sistema informático desde su terminal.
Las “pruebas” que se han presentado en los juzgados evidencian que esta segunda funcionaria, una “militante activa del PP”, tuvo acceso “a documentos de Urbanismo y de la Intervención municipal”, pero también a “datos de empleados y familiares”, accediendo igualmente a “procedimientos de contratación pública”.
A juicio de la teniente de alcaldesa, los hechos tienen aún mayor envergadura por cuanto no se han llevado a cabo de manera puntual, sino que se han “mantenido en el tiempo”, dando pie a una “reiteración” que “agrava la situación”.
Laura Álvarez ha querido dejar claro que el conjunto de la plantilla municipal “hace su trabajo con profesionalidad y ética”, al margen de “cuál sea el color político del Gobierno”, por lo que los hechos denunciados suponen “una excepción” que el Ejecutivo municipal está “obligado” a “señalar y extirpar”.
