El desahucio del residente en la calle Juan Ramón Jiménez se produjo tras una denuncia interpuesta por su propio padre, Rogelio Osorio.
La Junta de Andalucía concedió la vivienda en 1982 a este último. Al poco tiempo, la vendió a una tercera persona. Posteriormente, Jerónimo Osorio la adquirió y hace unos años fue resuelto el contrato por la Junta, que es la propietaria de las viviendas de esta barriada.
El PA manifestó respetar todas las decisiones judiciales, si bien declararon que “en este caso tenemos que pronunciarnos en favor del vecino” por estar siendo, a su juicio, “muy perjudicado por esta decisión judicial”, ya que “al ser un padre de familia, esta decisión le está causando un grave problema social”. Desde el PA resaltaron que el problema “se ha agravado aún más teniendo en cuenta que la familia se ha visto privada de todos sus enseres” y han tenido que alojarse provisionalmente en un local de la Junta.
Desde la formación andalucista entienden que este es “un problema que afecta y puede afectar en un futuro a muchos vecinos debido a una falta de respuesta y de lentitud burocrática durante más de 20 años para solventar la legalización definitiva”.
