La ex empleada del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC), investigada en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones del Ayuntamiento de Jerez a las empresas de la trama Gürtel para Fitur 2004, ha negado su participación en la tramitación de esos contratos y ha asegurado que alguien usó su ordenador y accedió a sus archivos para hacerle "daño" a ella y a su tío, el exalcalde Pedro Pacheco, por la "batalla" política que tenía éste con el PP en aquel momento.
En respuesta a las fiscales Anticorrupción Concepción Nicolás y Concepción Sabadell, ha manifestado que en varios momentos de su etapa laboral, coincidentes con las fechas de los hechos que se están enjuiciando, se encontraba de baja laboral y que durante el periodo activo fue ocupando distintos puestos, sustituyendo a otras compañeras.
En este sentido, ha explicado que en el departamento de administración del organismo público estuvo tan sólo seis meses en 2004 y que allí tuvo que aprender "cosas de contabilidad" y de seguimiento de facturas porque no tenía experiencia en esta materia. Ha destacado que la única relación que tuvo con lo proveedores era la de "cogerles el teléfono", ya que la entonces interventora del IPDC no les quería "atender". "Los responsables del equipo de gobierno del PP no se habrían atrevido a darme documentos antedatados" pues ella "inmediatamente habría ido" a comentárselo a su tío.
"LARGAS" A LOS PROVEEDORES
Preguntada sobre si ella era la encargada de pagar las facturas, ha contestado rotundamente que "jamás, nunca", que sólo resolvía por teléfono las dudas de las empresas que tenían pendientes algún cobro y que se les "daba largas" porque había retrasos en los pagos.
No obstante, la fiscal Concepción Nicolás le ha mostrado una carta que iba dirigida a su nombre relacionada con una factura de las empresas del líder de la Gürtel, Francisco Correa, pero la acusada ha defendido que se trata de una situación excepcional: "Pues sería yo la que hablaría con la empresa y me la mandarían a mí, pero será la única (factura)", ha dicho.
Con todo ello, ha afirmado que no conoce cómo se realizó la adjudicación de las empresas de la Gürtel para organizar la presencia del Ayuntamiento de Jerez en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), ya que tan sólo participó en el expediente para la edición del año siguiente. En esta línea, ha dicho que si se cambió la empresa adjudicataria que en años anteriores había realizado estos servicios en favor de Correa, lo acordaría el departamento de Turismo que estaba controlado en ese momento por Antonio Gómez y el exconcejal y delegado del IPDC Bernardo Villar.
"Supe de la magnitud con posterioridad a la celebración de Fitur por lo que decía los periódicos, que la ciudad se conoció fuera de las fronteras con el baile de caballos", ha destacado en referencia a uno de los eventos que se preparó en la Plaza Mayor de Madrid en el marco de la presencia de Jerez en la feria de turismo.
PACTO EN EL AYUNTAMIENTO DE JEREZ
Asimismo, ha añadido que no tenía relación con "nadie" en el Ayuntamiento porque "era la última mona allí", pues era la sobrina y ahijada del exalcalde Pedro Pacheco, con quien el PP tenía un acuerdo para que María José García Pelayo pudiese gobernar. Así, ha dicho que cree que los 'populares' mantenían su puesto en el IPDC para "no quebrar el pacto", aunque considera que estuvo apartada de toda la documentación relacionada con Fitur 2004, porque su tío ya "dudaba" de la adjudicación.
Asimismo, ha señalado que sus claves de acceso al ordenador estaban escritas en un "post-it" por si algún compañero necesitaba entrar en él, ya que estuvo varias veces de baja. Ha agregado que se encontró el equipo "muchas veces encendido", pese a que el día anterior lo había dejado apagado.
Ante esta afirmación la fiscal le ha preguntado si sabe quién usó su ordenador y con qué finalidad, pero no ha sabido concretar, aun enmarcado todo en un "tema político". "Había una batalla con los tres alcaldes de Jerez --Pacheco, García Pelayo y Pilar Sánchez (que denuncia estos hechos)--, dos de ellos han estado en la cárcel y sólo falta la señora García Pelayo. Y entonces por ese conflicto político y por hacerme daño a mí y a mi tío", ha aseverado.
CAMBIOS EN LAS CARPETAS Y CORREOS DESAPARECIDOS
Tras ella ha declarado la interventora municipal, quien ha recalcado que puso en conocimiento del PP de García Pelayo que le estaban "registrando el ordenador" y que había "carpetas cambiadas de nombre" y "correos que habían desaparecido". La respuesta que recibió al respecto fue que la empresa municipal de telecomunicaciones Jesytel tenía acceso a todas las claves para poder solucionar las "averías" informáticas. En su declaración ha manifestado que "el procedimiento no se tramitó correctamente" pero ha asegurado que ella no intervino en las supuestas irregularidades objeto de este juicio. En este sentido, ha asegurado que pasaron "desapercibidos" los informes que daban luz verde a la adjudicación de Fitur porque no vio ningún "error" ni nadie le llamó para "comentar, advertir o pedir opinión", como ha ocurrido con otros expedientes de contratación, y que se enteró de la existencia de presuntas irregularidades cuando se destapó el caso en 2009.
La interventora también ha destacado la "desconfianza" del equipo de García Pelayo hacia la gente cercana a Pacheco, incluida ella misma. Ha recordado además que al igual que otros cargos municipales de la época de Pedro Pacheco al llegar García Pelayo a la alcaldía sufrió una "persecución total" y fue "un suplicio" pues "desconfiaban de todos", y ha relatado que de hecho fue cesada como interventora "de mala manera" a mediados de 2004, lo que provocó que se rompiera la coalición de gobierno con el PP y Pedro Pacheco pactara con el PSOE.
Asimismo, ha añadido que en 2009 saltó el escándalo y la entonces alcaldesa, la socialista Pilar Sánchez, decidió formular la denuncia que originó este procedimiento en un momento en el que ella era una estrecha colaboradora de la regidora, pues había sido nombrada coordinadora general de Presidencia.
"PRIORIDAD" EN LOS PAGOS
Por último, ha comparecido ante el tribunal la interventora del IPDC, que ha dicho que tuvo conocimiento de las empresas vinculadas a la trama Gürtel a raíz de este procedimiento. Sobre la insistencia de los trabajadores de Correa reclamando el pago de los servicios prestados, ha explicado que existía un gran retraso en el abono y que por ello tenían "prioridad" las empresas con una cierta "antigüedad" y "los pagos subvencionados".
También aquellas empresas a las que Villar o la propia alcaldesa ordenaban que debían ser pagadas, como ocurrió con las de Correa, pues según ha recordado, García Pelayo le indicó en una reunión que le "tramitara el pago".
Este jueves han concluido las declaraciones de los nueve acusados, para las que se han dedicado tres jornadas de este juicio, en el que el líder de la Gürtel se ha negado a contestar a las preguntas de las partes. El próximo 17 de junio se reanuda la vista oral con las declaraciones de los testigos, entre ellas la de la ex alcaldesa de Jerez.
