El Pleno extraordinario convocado a instancias de la propia alcaldesa, María José García-Pelayo, para rendir cuentas por la supuesta contratación irregular de la presencia de Jerez en Fitur 2004 no aportó nada que no se supiera con anterioridad. Así las cosas, la regidora se amparó en los informes técnicos que otorgaron su visto bueno al procedimiento y la oposición planteó una serie de interrogantes que difícilmente podrán ser aclaradas si no es en sede judicial.
El propio primer teniente de alcalde, Antonio Saldaña, se encargó de recordar al Pleno que en el Ayuntamiento ha sido práctica habitual que las contrataciones de servicios carezcan prácticamente de expediente. El caso de Fitur 2004 sería por tanto uno de más de no darse la circunstancia de que las empresas contratadas han sido vinculadas a la trama Gürtel. Y ahí, García-Pelayo fue tajante al asegurar que si entonces -en 2004- se hubiera sabido lo que hoy se conoce de las sociedades de Correa no se hubieran llevado a cabo esas adjudicaciones.
En el curso del debate acerca de las contrataciones investigadas por la Audiencia Nacional dentro del caso Gürtel, la alcaldesa recordó que hace 10 años “nadie” sabía lo que hoy se sabe sobre esta trama y cómo “iban a terminar” esas empresas.
En su intervención, la alcaldesa destacó que los expedientes de contratación pasaron por tres controles, el administrativo, el político y el judicial, añadiendo que el trabajo “se realizó”, tuvo retorno para la ciudad, y se pagó “tarde” y a un precio “lógico” y “de mercado” de unos 300.000 euros.
En este sentido, García-Pelayo comparó el “impacto mediático” que tuvieron aquellos espectáculos ecuestres ofrecidos en la Plaza Mayor de Madrid con otros eventos organizados en la etapa del Gobierno socialista, como un maratón, que costó 250.000 euros.
La regidora insistió en que el expediente de contratación de Fitur 2004 se tramitó “de acuerdo con la legislación vigente en aquél momento” y con “todos los vistos buenos de los funcionarios”, por lo que es “absolutamente impoluto”.
Ese expediente, según García-Pelayo, justifica entre otras cosas que el Ayuntamiento recurriera a un procedimiento de contratación negociado y urgente.
Además, la alcaldesa recordó que los contratos fueron posteriormente ratificados por unanimidad en el consejo de administración del Instituto de Promoción de la Ciudad, donde estaban representados todos los grupos de la oposición, dándose el caso de que alguno de ellos se ausentó de esa reunión, lo que a juicio de García-Pelayo demuestra que el proceso de adjudicación de los servicios no había levantado ninguna sospecha.
De hecho, la regidora entiende que la oposición ratificó esos contratos “porque tampoco sabía que esas empresas iban a estar hoy dónde están”, ya que de haber sido así, el Gobierno local tampoco les hubiera adjudicado estos servicios.
A este respecto, García-Pelayo advirtió de que con posterioridad, en la etapa de Gobierno de la socialista Pilar Sánchez, el Ayuntamiento también firmó contratos con otras empresas vinculadas a Gürtel, como Teconsa, igualmente porque entonces se desconocía la existencia de esta trama.
García-Pelayo recordó por último que la causa ya fue archivada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, apreciándose entonces la inexistencia de indicios de criminalidad en el procedimiento y advirtiendo de que una posible irregularidad administrativa en un proceso de contratación “no tiene por qué” acarrear “consecuencias penales”.
Las dudas de la oposición
El portavoz del grupo socialista, Luis Flor, se agarró al informe de la UDEF para advertir de que las sociedades adjudicatarias de la presencia de Jerez en Fitur ya habían realizado pagos de los trabajos contratados “con anterioridad” a que se hubiera iniciado siquiera el proceso de contratación. Por este motivo, Flor entiende que estas empresas realizaron “primero el trabajo” y luego, con posterioridad, fue el Ayuntamiento quien se encargó de “vestir el procedimiento” para darle apariencia de legalidad
Al mismo tiempo, recordó que el informe llegó al consejo de administración del Instituto de Promoción de la Ciudad “más de un mes después” de que las empresas vinculadas a la trama Gürtel hubieran realizado ya su trabajo.
Rocío Montero, de Foro Ciudadano, rechazó la participación de este grupo político en el “circo” que a su juicio había promovido la alcaldesa al comparecer voluntariamente en el Pleno, instándole a solicitar su comparecencia voluntaria ante el juez Ruz para aclarar todo el procedimiento “en sede judicial” que es “donde hay que dar explicaciones”.
Por último, Joaquín del Valle, de IULV-CA, solicitó sin éxito la constitución de una comisión informativa especial donde se analice el procedimiento de contratación de los servicios de Jerez en Fitur 2004.
Del Valle quiere que, entre otras cosas, se aclare cómo es posible que con anterioridad a la fecha de apertura del expediente ya se hubieran formalizado contratos y pagos con las empresas finalmente adjudicatarias del servicio.
Además, incidió en el hecho de que en un procedimiento negociado es necesario invitar al menos a tres empresas, preguntando si existe constancia en el Registro municipal de que se ofreciera la posibilidad de participar a otras sociedades ajenas a la trama Gürtel. Como era previsible, el Pleno no sirvió prácticamente para nada.
Los informes del secretario autorizaron las contrataciones
En su intervención, la alcaldesa, María José García-Pelayo, aludió a dos informes firmados por el entonces secretario del Ayuntamiento, Manuel Báez, en los que otorgaba su visto bueno a las contrataciones que se realizaron con las empresas vinculadas a la trama Gürtel.
En concreto, el informe relativo a la contratación de los servicios para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid, que como se sabe acogió distintos espectáculos ecuestres, establece que dicha adjudicación se tramitaría mediante “procedimiento negociado sin publicidad”, al amparo de la legislación en vigor.
Además, se deja claro la imposibilidad de “promover concurrencia” al mismo. De igual modo, y “dada la urgencia de la contratación, según informe del Director del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad”, la misma sería aprobada “por el presidente” de este organismo, “de conformidad con la delegación realizada a la Presidencia, dándose cuenta de ello en el próximo consejo”. Tras comprobar que los pliegos eran “ajustados a Derecho por contener los mismos pactos, derechos y obligaciones” por parte de los contratantes, el secretario concluye que el procedimiento “se adecua a la legislación vigente”.
En idénticos términos se expresa el informe relativo a la contratación de los servicios para que Jerez tuviera presencia en Fitur. Ambos documentos tienen fecha de 8 de enero de 2004, varias semanas antes de la celebración de la Feria Internacional de Turismo. La alcaldesa aseguró en su intervención que había firmado dichas contrataciones porque contaban con el preceptivo respaldo de los técnicos.
